El Gobierno de Bolivia anunció que realizará ajustes al Decreto Supremo 5503, la norma económica promulgada el 17 de diciembre que provocó el rechazo de varios sectores sociales.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que las modificaciones previstas afectan únicamente la forma y no el fondo de la norma; dijo que se trata de 35 artículos con cambios formales y descartó la abrogación del decreto.
Barrientos señaló que el decreto busca un “sinceramiento” de la economía para generar ventajas para la población, imponer una lógica de austeridad que estabilice el país y, a la larga, promover la generación de riqueza.
Aunque se alcanzaron acuerdos con algunas organizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) exige la abrogación del decreto y que sus 120 artículos sean tratados por separado: apoyan la eliminación del subsidio a los combustibles, pero piden que otros artículos sean remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento mediante ley.
La principal objeción se refiere a un nuevo procedimiento administrativo para contratos de inversión sobre recursos naturales, denominado “fast track”, que permitiría aprobaciones expedidas por decreto y que, según analistas, podría suprimir el rol del Legislativo y omitir requisitos constitucionales como estudios ambientales y consulta previa a las comunidades afectadas.
Mario Argollo, dirigente de la COB, dijo en un encuentro con ministros que la subvención debía seguir adelante paralelamente a la abrogación del decreto; la reunión quedó en receso sin que se dieran detalles.
Tras varios días de protestas, el movimiento obrero inició esta semana bloqueos de rutas a nivel nacional. A primera hora del viernes se registraban 43 cortes simultáneos, la mayoría en La Paz (20), y también en Cochabamba (7), Potosí (6), Oruro (6) y Santa Cruz (4), según la Administradora Boliviana de Carreteras.
Además de las movilizaciones, se presentaron siete acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar este y otro decreto; ese proceso podría demorarse por falta de quórum en la instancia.
En la Asamblea Legislativa también hubo críticas. Legisladores de la oposición, como el senador José Manuel Ormachea y la senadora Cecilia Requena, señalaron que al menos cinco artículos del decreto son inconstitucionales.
Requena observó que el decreto parece crear una vía paralela para la firma de contratos sobre recursos naturales que no permite cumplir con la consulta previa ni con la licencia ambiental, y añadió que modificar o derogar los artículos cuestionados no equivale necesariamente a abrogar toda la norma.
El vicepresidente Edmand Lara, quien recientemente adoptó una postura opositora al gobierno, presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto los artículos que considera inconstitucionales. Acompañado por asambleístas, entregó la iniciativa para su tratamiento legislativo, alegando que las disposiciones vulneran la Constitución y desplazan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según la viceministra Barrientos, la tarde del viernes se darán a conocer las conclusiones de las mesas técnicas con organizaciones sociales, las cuales podrían definir los ajustes finales al Decreto Supremo 5503 y el rumbo del conflicto social en torno a la norma.
