El gobierno iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y afirma un total de 3.117 muertos. Organizaciones internacionales, incluida la ONU y grupos de derechos humanos, advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor —entre seis y diez veces la oficial—, con estimaciones que llegan hasta unas 20.000 víctimas fatales.
En un comunicado oficial, el presidente Masud Pezeshkian declaró: “Lamento informar a la nación que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”. Explicó que la diferencia de 131 personas entre el total anunciado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, que se incorporarán en una lista complementaria una vez se clarifiquen.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se pondrá en marcha un sistema para que “cualquier información nueva y reclamación pueda ser examinada y verificada sin trámites administrativos”.
El comunicado presidencial siguió la narrativa oficial, atribuyendo gran parte de las muertes a “terroristas” patrocinados por Estados Unidos e Israel. El presidente afirmó que “los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sin ofrecer referencias concretas.
Estas cifras oficiales contrastan con los datos recopilados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que las muertes podrían ascender hasta alrededor de 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que “la magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas en este mes ha sido enorme, de miles de personas”, y reconoció que la verificación es complicada debido a las restricciones persistentes sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, incluyendo disparos con rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El desborde de las morgues, el uso de contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos y enterramientos rápidos sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de intentos por ocultar la verdadera magnitud de las muertes.
El apagón casi total de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, entidad de monitoreo de ciberseguridad, calificó este bloqueo como el más prolongado en la historia de Irán, con el propósito declarado de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esta desconexión facilitó una mayor impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave situación económica del país. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y el precio de los alimentos subió un 72%. La moneda local se depreció de forma pronunciada, con el dólar estadounidense cotizando alrededor de 145.000 tomanes.
Lo que empezó como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en movilizaciones masivas en las 31 provincias, con consignas dirigidas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Estas protestas son descritas como las más extensas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó un punto crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Fuentes y verificaciones periodísticas indican que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar con intención de matar. The New York Times verificó vídeos en los que se observa a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis distritos de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución —con 25 votos a favor— que denuncia que la violenta represión “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos.
La resolución amplió por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y prorrogó por un año el de la relatora especial.
