El Gobierno del Reino Unido anunció este lunes un paquete de sanciones contra diez personas iraníes, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad. Las medidas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, incluyen congelación de activos, prohibiciones de viaje y la inhabilitación para dirigir empresas, y se presentan como respuesta a lo que Londres describe como graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que el Gobierno había advertido de nuevas medidas y que exigirá cuentas a las autoridades iraníes, y destacó el “coraje extremo” del pueblo iraní frente a la brutalidad sufrida por ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Encabeza la lista de sancionados Momeni, que como ministro del Interior supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), señaladas por Londres como responsables principales de la violencia contra manifestantes. También fueron incluidos Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y los jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Las sanciones afectan además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, con presuntos vínculos con la Guardia, también fue sancionado; Reino Unido le atribuye la generación de fondos y la facilitación de actividades delictivas del cuerpo, incluidas operaciones contra manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos de la petrolera estatal, pena que fue conmutada en 2024.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, motivadas inicialmente por el deterioro económico y la fuerte caída del rial. Se extendieron rápidamente por todo el país y derivaron en un desafío directo al régimen teocrático. La respuesta de las autoridades fue violenta: la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) reporta al menos 6.842 personas confirmadas fallecidas, en su mayoría manifestantes abatidos por fuerzas de seguridad, y está investigando 11.280 casos adicionales. Otras fuentes independientes estiman un número de víctimas superior a 30.000.
El régimen iraní publicó una cifra oficial de 3.117 muertos, de los cuales 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán sostienen que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados desde Estados Unidos e Israel. No obstante, organismos internacionales de derechos humanos han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes mayoritariamente pacíficos.
El Reino Unido se suma así a medidas recientes de Estados Unidos y la Unión Europea, que también impusieron sanciones a funcionarios iraníes en días previos. El pasado viernes, la administración estadounidense sancionó a Momeni por su presunta supervisión de fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes. La Unión Europea, por su parte, anunció la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una decisión simbólica de gran alcance que el Reino Unido aún no ha adoptado.
Con las sanciones de este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 medidas restrictivas contra personas y organizaciones iraníes implicadas en violaciones de derechos humanos. Las nuevas restricciones buscan responsabilizar a quienes Londres considera directamente implicados en una de las represiones más letales de la historia reciente de Irán. La ministra Cooper dijo que las imágenes y los informes de violencia vistos en todo el mundo son “horríficos” y justifican una respuesta internacional coordinada.
