La Libertad Avanza acordó con sectores de la oposición y convocó a una sesión para el jueves próximo con el objetivo de tratar un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sorpresa política podría provenir del peronismo: integrantes del massismo evalúan votar a favor porque, según sostienen, la iniciativa coincide con la postura histórica del Frente Renovador.
Cuando el proyecto del oficialismo fue analizado en comisión el año pasado, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propia propuesta de régimen penal juvenil que mantenía la edad de imputabilidad en 16 años. En esa oportunidad las autoridades del bloque sustituyeron a los massistas Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo para garantizar una firma unificada en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.
En cambio, el Frente Renovador había expresado en el pasado su respaldo a bajar la edad a 14 años, postura que ya figuró en el Código Penal impulsado por Sergio Massa en 2015.
Según reconstrucciones periodísticas, en una reunión realizada el jueves por la tarde en las oficinas de Avenida del Libertador 850, Massa comunicó a sus referentes en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador respaldaría el proyecto de Milei.
Durante ese encuentro, Massa afirmó que la autoría gubernamental del proyecto no debería modificar la posición del Frente Renovador. También reconoció que el texto presenta defectos y carece de políticas claras de reinserción y recuperación, pero señaló que esas objeciones se plantearán en el recinto.
Consultados, referentes del massismo en Diputados indicaron que el proyecto carece de órganos de aplicación y no contempla figuras clave como el Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven ni el Juez de Responsabilidad. Además advirtieron la ausencia de una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos y casas de medio camino).
Sobre la decisión del oficialismo de incorporar un apartado presupuestario que autoriza a las provincias a firmar convenios con la Nación para compensar los costos de implementación, los referentes peronistas señalaron que es un avance pero sostuvieron que la previsión debería tener rango legal y no depender únicamente de convenios entre partes.
El peronismo iniciará reuniones este viernes para unificar criterios y orientar a los nuevos diputados que asumieron en diciembre. En el massismo consideran que legisladores de otras corrientes internas del peronismo podrían terminar apoyando la iniciativa. Describen el voto como de carácter ideológico más que estrictamente partidario, aunque todavía no se analizó en profundidad dentro del bloque.
Desde la bancada libertaria anticiparon que, si bien la propuesta original reducía la edad de imputabilidad a 13 años, respetarán los consensos alcanzados el año pasado en torno a los 14 años. Esa versión reconciliada podría asegurar el apoyo de PRO, UCR, Coalición Cívica y Provincias Unidas.
Al mismo tiempo, fuentes cercanas a las negociaciones advirtieron que, aunque esperan votos del peronismo, no dependen de ellos: si los apoyos fuesen ajustados y el peronismo cambiara de postura, podría provocar la caída del proyecto.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto fija los 14 años como edad mínima de punibilidad. Para delitos graves —como homicidio, abuso sexual o secuestro— la pena máxima prevista sería de 15 años. La privación de libertad se concibe como última ratio; la prioridad será la aplicación de penas alternativas como trabajo comunitario, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño.
Se propondrá la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizados derechos a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal de esos centros deberá contar con formación especializada en infancia y adolescencia y se prohíbe la convivencia entre menores privados de libertad y detenidos adultos.
Entre las sanciones alternativas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a ciertos lugares y la prohibición de conducir. La sustitución de prisión por medidas alternativas estaría prevista para delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez años cuando no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras oír a la víctima.
Además se prevé la posibilidad de suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Como medidas complementarias, el régimen incorpora programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición del consumo de alcohol y drogas. El cumplimiento de estas medidas deberá supervisarse por un responsable especializado designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.
El proyecto también contempla intervenciones específicas para abordar salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. Si se requiere internación, se deberá notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
