A pesar del discurso del presidente Javier Milei contra la “casta política” y las “prácticas corruptas”, Argentina cayó cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado anualmente por la ONG Transparencia Internacional.
El país quedó en el puesto 104 de 182, en un listado donde los primeros lugares corresponden a los más transparentes y los últimos a los más corruptos. En 2024 Argentina había ocupado el lugar 99 entre 180 países.
En la edición 2025 se incorporaron Belice y Brunéi a las naciones evaluadas.
Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, un punto menos que en 2024, reflejando un leve retroceso en la percepción de integridad del sector público.
Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional), atribuyó la caída a la falta de interés del gobierno en implementar políticas anticorrupción durante los últimos dos años y señaló que casos como Libra y ANDIS no recibieron una respuesta contundente por parte del Ejecutivo.
Este puntaje sitúa a Argentina por debajo del promedio de las Américas, que es de 42 puntos; comparte posicionamiento con países como Belice y Ucrania, y queda por detrás de naciones como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.
Los mejores y peores
El IPC 2025 está encabezado por Dinamarca con 89 puntos, seguido por Finlandia con 88. En el extremo opuesto, Sudán del Sur y Somalia aparecen con 9 puntos, compartiendo el puesto 181, mientras que Venezuela figura en el puesto 180 con 10 puntos.
Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, señaló que el desarrollo sostenible requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo y que la integridad sigue siendo una asignatura pendiente que demanda acciones concretas.
La medición en América
En el continente americano, Argentina se ubica 19a entre 33 países, con un puntaje ocho puntos por debajo del promedio regional de 42.
Los mejores resultados de la región los obtuvieron Canadá (75 puntos) y Uruguay (73 puntos).
Los países con peores calificaciones en América son Haití (16 puntos), Nicaragua (14) y Venezuela (10).
Desde 2012, 12 de los 33 países de la región registraron empeoramientos en sus puntajes; solo República Dominicana (37) y Guyana (40) mostraron mejoras notables. Transparencia Internacional manifestó que la inacción gubernamental ha debilitado la democracia y favorecido el crecimiento del crimen organizado transnacional, con efectos negativos sobre derechos humanos, servicios públicos y seguridad.
La organización advirtió que la corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado en la política de países como México (27 puntos), Brasil (35) y Colombia (37), y que incluso democracias más sólidas de la región, como Costa Rica (56) y Uruguay (73), enfrentan violencia vinculada a la corrupción y al crimen organizado.
Transparencia Internacional también señaló que Estados con instituciones capturadas, como Nicaragua y Haití, permanecen profundamente afectados por redes corruptas y criminales.
La ONG destacó que la corrupción en los servicios públicos tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Puso como ejemplo el caso de Perú (30 puntos), donde se investigan presuntos sobornos en un programa de alimentación escolar que podrían haber derivado en la distribución de alimentos contaminados y enfermedades infantiles.
Sobre Argentina, el informe señaló que las indagaciones por presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad evidencian riesgos similares para los grupos vulnerables.
En el caso de Venezuela, la baja puntuación se atribuye a años de corrupción generalizada y actividades ilícitas que han agravado la pobreza, la desnutrición y la falta de servicios básicos.
La ONG también advirtió que la reducción del espacio cívico en varios países debilita la supervisión y la rendición de cuentas; citó a El Salvador (32 puntos) como ejemplo, donde las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio independiente del gobierno.
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, afirmó que la corrupción no es inevitable y que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas mediante procesos democráticos, mecanismos de supervisión independiente y una sociedad civil libre y abierta.
Valérian añadió un llamado a los gobiernos y líderes para que actúen con integridad y cumplan sus responsabilidades ante un contexto internacional en el que algunos Estados muestran desprecio por normas internacionales.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide la percepción de la corrupción en el sector público, según encuestas a expertos y actores del mundo empresarial, y se centra exclusivamente en la conducta política y administrativa.
Es un índice compuesto que combina entre 3 y 13 encuestas y evaluaciones de instituciones reconocidas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y diversas consultoras y organismos especializados.
Las puntuaciones reflejan opiniones de especialistas y empresarios, no la percepción del público general, y el IPC es actualmente el indicador de corrupción más utilizado a nivel mundial.
La evaluación de Argentina en 2025 se basó en ocho fuentes: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann; las calificaciones de riesgo país de Global Insight; el Anuario de Competitividad Mundial del IMD; las calificaciones de The Economist Intelligence Unit; la Guía de Riesgo País de PRS Group; el Proyecto Variedades de la Democracia; el Foro Económico Mundial; y el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
Transparencia Internacional explica que el enfoque en la percepción se debe a que la corrupción suele ser ilegal y encubierta, lo que dificulta medir su impacto real; por eso las fuentes se basan en cuestionarios calibrados y en respuestas de expertos y empresarios.
La metodología del índice fue revisada en 2012 para permitir comparaciones año a año; la revisión más reciente de la robustez del cálculo la realizó el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017.
Para incluir a un país en el IPC es necesario que aparezca en al menos tres de las fuentes utilizadas. La ausencia de un país en la lista no significa que esté libre de corrupción, sino que no hay datos suficientes para calcular su nivel con precisión.
La puntuación final se obtiene como la media de las puntuaciones estandarizadas disponibles para cada país, redondeada a un número entero. Mejoras en el control de la corrupción pueden compensar casos negativos y elevar el puntaje, mientras que algunos hechos corruptos pueden tardar en reflejarse en las fuentes y aparecer en ediciones posteriores del IPC.
Infografías: Marcelo Regalado
