La reforma laboral avanza en el Senado y por ahora encuentra mayoría. No se trata solo de un resultado legislativo: el avance se facilita porque parte del movimiento sindical opta por acciones simbólicas en lugar de medidas de fuerza sostenidas. Hay visibilidad mediática y discursos contundentes, pero en muchos casos esas posturas no se traducen en acciones que frenen el proyecto.
Como consecuencia de esa actitud, la reforma tiene mayores posibilidades de convertirse en ley y, en tal caso, implicaría la pérdida de derechos laborales acumulados. Para algunos sectores sindicales, la exposición pública sirve para mantener presencia y reputación, pero no reemplaza la discusión y la movilización destinadas a impedir cambios que precarizan el empleo y debilitan la capacidad de negociación colectiva.
En el debate público, dirigentes como Aguiar y organizaciones como la CTA manifiestan preocupación por la reforma que afecta al sector privado, pero han prestado menos atención a la situación de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, donde durante años se observan condiciones de empleo precarias, acuerdos salariales a la baja y una dirigencia que, en la práctica, limita las reivindicaciones salariales frente a las políticas nacionales.
Los hechos de gestión provincial ofrecen buena evidencia: se anunciaron paritarias para noviembre que fueron postergadas a diciembre con la promesa de un bono; el pago de conceptos como el aguinaldo se demoró y luego hubo nuevas previsiones de aplazamiento. En conjunto, esos retrasos consumieron meses sin que hubiera una respuesta sindical contundente, mientras la discusión pública se concentraba en una ley que, en sus términos, no incluye a los trabajadores estatales.
En ese marco, la CTA y otros gremios eligieron realizar protestas en Córdoba, apoyándose en símbolos y referentes históricos del movimiento obrero. Esa referencia a episodios y figuras del pasado pretende dar continuidad histórica a la protesta, pero conviene distinguir entre el recurso simbólico y la definición de estrategias efectivas en los espacios donde realmente se negocian las políticas públicas.
Aguiar, en su rol en ATE, celebró el centenario de la organización. Esa conmemoración plantea preguntas sobre la relación entre la conducción actual y los principios fundacionales de la organización, que surgió para disputar poder y defender a los trabajadores. Recuperar esa tradición implica evaluar si las acciones presentes responden a la lógica de confrontación y organización colectiva que motivó la creación de ATE.
Parte de la CGT completa este panorama con gestos que combinan declaraciones de oposición y negociación reservada. La estrategia de encuentros privados, fotografías institucionales y discursos ambiguos se ha repetido en distintos momentos políticos y tiende a terminar con leyes aprobadas sin enfrentamientos abiertos.
En este escenario, dirigentes que aceptan la interlocución permanente con el gobierno actúan como canales de diálogo institucional. Esa modalidad de relación produce, en muchos casos, gestión del conflicto y cálculo político que prioriza la estabilidad institucional y la supervivencia de las organizaciones por sobre medidas de presión destinadas a modificar políticas laborales regresivas.
La discusión sobre la eliminación de la cuota solidaria subraya la vigencia de un modelo sindical con rasgos burocráticos y adaptativos. Un gobierno que proclama reformas de liberalización puede no sostener mecanismos de carácter compulsivo, y las conducciones sindicales que optan por acomodarse corren el riesgo de debilitar herramientas colectivas de financiamiento y organización.
Ese comportamiento sindical ya no genera el mismo consenso social. Entre los trabajadores y la sociedad existe una percepción creciente de que muchas actuaciones priorizan la reparación de reputaciones, la distribución de responsabilidades y la preparación de argumentos para el futuro, más que la defensa efectiva de derechos.
También es cierto que, desde la restauración democrática, distintos gobiernos han mantenido elementos normativos heredados de regímenes anteriores en la regulación laboral, a veces con la anuencia de las centrales obreras. Esa historia de acuerdos y omisiones contribuye a explicar por qué hoy se presentan oportunidades políticas para impulsar cambios que reducen protecciones laborales.
La reforma en discusión no debe verse como un conjunto de conceptos abstractos: contiene medidas concretas que, según sus formulaciones, tienden a reducir la estabilidad laboral, facilitar desvinculaciones, abaratar indemnizaciones, ampliar periodos de prueba, posibilitar formas de contratación más precarias, fragmentar convenios y limitar ciertos derechos como la ultraactividad y la percepción de horas extras.
En conjunto, esos cambios pueden promover un mercado de trabajo más inestable y con menor capacidad de negociación colectiva. Desde esta perspectiva, la reforma representa un retroceso en términos de protección laboral y derechos conquistados por el movimiento obrero.
Aun así, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Luzuriaga (STMVL) confirmó que participará de la marcha contra la reforma laboral, sumándose a otras organizaciones que expresan rechazo a las modificaciones propuestas.
Victorio Pirillo
Sec Gral. STMVL
