Periódicamente reaparece en redes sociales el rumor de que Juan Domingo Perón mantuvo una “novia” de catorce años, Nelly Rivas, y por ello es señalado como pederasta.
Esta versión se difunde en cuentas que, según el historiador Ignacio Cloppet, reproducen una falsedad documentada dentro de una tradición más amplia de calumnias contra el ex presidente.
Ignacio Cloppet —abogado, escritor y miembro de la Academia de la Historia, autor de obras como Perón. Mitos y Realidades— indica que la acusación se instaló tras el golpe militar de 1955 y reaparece periódicamente sin análisis riguroso de fuentes primarias ni de documentos judiciales.
Cloppet advierte que la estrategia no es nueva sino parte de una “falsificación histórica” sobre el peronismo y la figura de Perón, mantenida por sectores del periodismo y la política que no verifican la autenticidad de los documentos citados.
Según el autor, quienes promueven actualmente esa versión “carecen del más elemental conocimiento de la ciencia histórica y de sustento documental”, y repiten afirmaciones ya desmentidas por pruebas documentales.
Tras el golpe militar encabezado por Eduardo Lonardi en octubre de 1955, las autoridades designadas iniciaron investigaciones sobre la conducta pública y privada de Juan Domingo Perón.
Cloppet relata que ese proceso dio lugar al llamado Tribunal Superior de Honor del Ejército Argentino y al expediente No 8353-73625, abierto para examinar la vida del ex presidente.
El tribunal estuvo presidido por el general Carlos von der Becke e integrado por los generales Juan C. Bassi, Juan C. Sanguinetti, Víctor J. Majo y el secretario Basilio B. Pertiné.
El autor subraya que la composición del tribunal reflejaba la hostilidad de sectores militares contrarios al régimen depuesto.
En ese contexto circuló con fuerza la acusación de que Perón mantenía una relación amorosa impropia con Nelly Rivas, entonces menor de edad.
El expediente producido por el Tribunal de Honor se convirtió en la fuente principal de la imputación, pero Cloppet afirma que muchas de sus actuaciones estaban escritas a mano, sin firmas y presentadas como si fueran oficiales.
Según Cloppet, la documentación que sustentó la acusación carecía de garantías mínimas de autenticidad, circunstancia que resultó clave en la reconstrucción posterior del caso.
El investigador sostiene que el expediente usado para incriminar a Perón fue deliberadamente falsificado y que existen diferencias sustanciales entre el “Expediente Oficial Falsificado” y el “Expediente Original”.
Los documentos manuscritos y sin firmas difundidos por sectores antiperonistas contienen testimonios que describen supuestas situaciones íntimas entre Perón y Rivas; Cloppet señala que esas versiones no tienen validez legal y contradicen las declaraciones del expediente original.
Por ejemplo, en la versión adulterada el testigo Calogero Romano afirma haber presenciado relaciones íntimas entre Perón y Rivas; en el documento original Romano declara que “nunca había visto nada anormal en esa relación, que el General le dispensaba un trato de padre o padrino”.
El mismo patrón de manipulación se repite en testimonios atribuidos a otros empleados de la Residencia Presidencial —Héctor Ricardo Cabrera, Héctor Coria y Nicolás Fernández—, mientras que las declaraciones originales no contienen acusaciones de inconducta.
Cloppet identifica a Juan O. Zavala, abogado de la familia Rivas y vinculado a la Revolución Libertadora, como un actor central en la difusión de versiones apócrifas y en la manipulación documental y mediática del caso.
El especialista aplica la doctrina jurídica de los “frutos del árbol envenenado”, que anula las pruebas derivadas de una fuente contaminada; en este asunto, las imputaciones basadas en documentos falsificados carecen de legitimidad.
El examen de las declaraciones originales reunidas por el Tribunal de Honor muestra, según Cloppet, que la relación entre Perón y Nelly Rivas no tuvo rasgos amorosos o impropios.
Los testimonios de quienes formaban parte del entorno cotidiano de la Residencia —mayordomos, valets, mozos y la propia Nelly Rivas— coinciden en describir un vínculo de carácter paternal.
En la declaración original, Calogero Romano afirmó que nunca había observado nada anormal y que Perón trataba a Rivas como a una hija o ahijada.
De manera similar, Héctor Ricardo Cabrera y Nicolás Fernández declararon no haber presenciado situaciones fuera de lugar; los testimonios también indican que Rivas dormía en cuarto separado y compartía las comidas con otros invitados y colaboradores.
La propia Nelly Rivas declaró que su relación con Perón surgió por su participación en la Unión de Estudiantes Secundarios (U.E.S.), que concurría a la Residencia con consentimiento de sus padres y que su papel fue el de delegada en tareas de la U.E.S., sin indicios de vínculo sentimental.
Atilio Renzi, encargado de la Residencia, relató que Perón le dispensaba un “cariño paternal” y que llegó a manifestar el deseo de adoptarla formalmente por el afecto que sentía, comparable al que tenía por sus sobrinas.
Cloppet añade que los antecedentes personales de Perón —su esterilidad conocida y su costumbre de rodearse de sobrinos y de hijos de amigos— refuerzan la ausencia de motivos sexuales o impropios en su trato hacia Rivas y otros jóvenes.
Las repercusiones de la acusación fueron graves: tras el golpe de 1955, Nelly Rivas fue internada en un reformatorio por decisión de las nuevas autoridades.
Durante su internación, Rivas denunció haber sufrido humillaciones, agresiones físicas y vejaciones, incluyendo la pérdida de tres dientes como consecuencia de la violencia ejercida.
Al salir del establecimiento, fue sometida a atención psiquiátrica.
Los padres de Nelly, José María Rivas y Mariana Sebastiana Viva de Rivas, también sufrieron represalias: ambos fueron condenados y confinados en la cárcel de Villa Devoto.
Cloppet enfatiza que el caso se utilizó como instrumento de persecución política contra la joven y su familia.
En su testimonio posterior, Nelly Rivas afirmó que “todo lo que se dijo de ella y de Perón fue propaganda anti peronista y calumnias”.
La persistencia del mito, alimentada por copias adulteradas del expediente y la repetición acrítica de versiones apócrifas, muestra, según Cloppet, el impacto de la falsificación histórica en el debate público argentino.
