La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que anuló la aplicación generalizada de aranceles impuesta por el expresidente Donald Trump, provocó una reacción inmediata en varios socios comerciales, especialmente en la Unión Europea y Canadá. La UE dijo que estudia con atención la sentencia y mantiene un diálogo estrecho con Washington para definir los pasos a seguir, subrayando la importancia de la estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales.
El fallo también planteó dudas sobre la implementación de un reciente acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que preveía aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. El presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo convocó de forma urgente al equipo negociador para evaluar las consecuencias del fallo antes de la próxima votación del comité.
Reino Unido afrontó la noticia con cautela. El gobierno indicó que trabajará con la administración estadounidense para entender cómo la decisión puede afectar a los aranceles aplicables al Reino Unido y a otros socios.
El Ejecutivo británico señaló que el país goza de aranceles recíprocos bajos con Estados Unidos y expresó la expectativa de mantener una posición comercial favorable con Washington, independientemente del desenlace.
Un acuerdo bilateral con Estados Unidos permite a Reino Unido beneficiarse de tasas arancelarias limitadas, en torno al 10% para la mayoría de sus productos en ese marco.
Canadá apoyó la sentencia, considerándola consistente con su postura de que muchos de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran injustificados. No obstante, Ottawa destacó que aún permanecen vigentes gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional, como los de la Sección 232 sobre acero, aluminio y algunos bienes del sector automotriz.
La resolución del Supremo fue una victoria importante para miles de empresas, al invalidar el uso de la IEEPA de 1977 para imponer aranceles generales. El fallo abre la posibilidad de solicitudes de reembolso que, según distintas estimaciones, podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares.
En los mercados la reacción fue positiva: bolsas de Estados Unidos y Europa subieron, con ganancias destacadas en empresas que habían afrontado directamente los aranceles (marcas de lujo y fabricantes industriales y de consumo). Los gravámenes habían incrementado los costos de importación, afectando márgenes y cadenas de suministro.
Desde abril se han presentado más de 1.800 demandas relacionadas con los aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU., frente a menos de veinte casos en 2024. Entre los demandantes figuran grandes multinacionales de sectores como el automotriz, manufacturero y bienes de consumo. Los expertos alertan que calcular las devoluciones será complejo por la diversidad de periodos y regímenes aplicados.
Asociaciones empresariales y grupos de afectados pidieron compensaciones y valoraron la certidumbre jurídica. Organizaciones como We Pay the Tariffs exigieron alivio económico concreto para las compañías perjudicadas, mientras la Federación Nacional de Minoristas destacó el efecto positivo para la planificación empresarial. Consultoras estimaron reclamaciones de reembolso en el orden de decenas de miles de millones de dólares, con variaciones según la metodología.
En la política estadounidense las reacciones reflejaron divisiones y coincidencias. El líder demócrata en el Senado calificó la decisión como una mejora para los consumidores y criticó la política arancelaria previa por su impacto en las familias.
Dentro del espectro republicano hubo respuestas más matizadas: algunos legisladores vieron en el fallo un control sobre el uso de poderes ejecutivos excepcionales, sin necesariamente dedicar la crítica al expresidente de forma directa.
Analistas de política comercial consideraron que el fallo es favorable para importadores y la economía en general, y reclamaron que el Gobierno federal proceda a reembolsar los aranceles recaudados, un proceso que podría requerir nuevos litigios y trámites administrativos.
Organizaciones empresariales insistieron en que la victoria judicial debe traducirse en alivio práctico para las empresas que soportaron los costos, advirtiendo que sin medidas concretas la resolución pierde efecto para quienes afrontaron los gravámenes.
El origen del conflicto está en el uso por parte de la administración Trump de la IEEPA de 1977 para justificar aranceles amplios por motivos de seguridad nacional. Esos gravámenes afectaron a múltiples socios comerciales y a sectores como el acero, el aluminio, la automoción y los bienes de consumo.
La política arancelaria impulsó negociaciones bilaterales y multilaterales, y obligó a países como Canadá a buscar alternativas de exportación y a diversificar mercados, dada la fuerte dependencia de las ventas hacia Estados Unidos.
Un acuerdo alcanzado entre la UE y Estados Unidos en 2025 que preveía un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos quedó en la práctica en entredicho tras la sentencia, dejando incierto su futuro y la manera de aplicarlo.
El endurecimiento arancelario además impulsó una oleada de litigios empresariales de alcance transversal, con cientos de compañías de distintos sectores reclamando recuperaciones por los importes pagados.
En conjunto, el fallo marca un cambio en la política comercial de EE. UU.: limita el margen de actuación unilateral del Ejecutivo en materia arancelaria y refuerza la supervisión judicial sobre medidas que tienen impacto global en empresas, trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
