El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará en marzo de 2026 la quinta revisión del acuerdo de crédito vigente con Ecuador en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un programa de 48 meses aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025. Si la evaluación es favorable, el país podría recibir un nuevo desembolso estimado en torno a los USD 400 millones, según el cronograma del programa.
El acuerdo prevé un financiamiento total equivalente a 3.750 millones de DEG —aproximadamente USD 5.000 millones— y busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y de la deuda, proteger a los grupos vulnerables, reconstruir colchones de liquidez, preservar la estabilidad macroeconómica y financiera y avanzar en reformas estructurales para un crecimiento sostenible e inclusivo. Desde la entrada en vigor del programa, Ecuador ha recibido desembolsos acumulados por cerca de USD 3.330 millones tras completar cuatro revisiones previas.
La cuarta revisión, aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI en diciembre de 2025, permitió un desembolso inmediato de alrededor de USD 630 millones. En ese informe, el FMI señaló que el desempeño del programa seguía siendo sólido: se cumplieron los criterios cuantitativos de desempeño a fines de octubre de 2025 y se alcanzaron las metas estructurales previstas en esa etapa. Con ese pago, el total desembolsado hasta entonces ascendió a aproximadamente USD 3.300 millones bajo el acuerdo.
La quinta revisión evaluará el cumplimiento de compromisos correspondientes al cierre de 2025 y al inicio de 2026. Entre las metas estructurales se incluyen la preparación y socialización de un marco conceptual y operativo para actualizar el Sistema Oficial de Contrataciones Públicas (SOCE) y la aprobación y publicación de un plan estratégico para mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada en 2024. El cumplimiento de estos hitos, junto con los objetivos cuantitativos fiscales y financieros, será condición para que el Directorio autorice el desembolso.
Los programas SAF establecen revisiones periódicas que combinan metas cuantitativas —por ejemplo, resultados fiscales, acumulación de reservas o límites de endeudamiento— y compromisos estructurales, que pueden incluir reformas normativas, planes de acción institucional o mejoras en la gobernanza. Los desembolsos se realizan de forma escalonada: cada tramo se libera una vez que el país demuestra avances en los objetivos acordados.
En el balance macroeconómico divulgado tras la cuarta revisión, el FMI destacó señales de recuperación en la economía ecuatoriana: crecimiento real del PIB proyectado en 3,4% para 2025, inflación promedio baja y superávits en cuenta corriente, lo que contribuyó al fortalecimiento de las reservas internacionales. También señaló progresos en la consolidación fiscal y en la reducción de diferenciales soberanos, aunque advirtió sobre la persistencia de riesgos externos, como la volatilidad de los precios del petróleo y de los mercados financieros internacionales.
Si se aprueba la quinta revisión, quedarán pendientes cuatro evaluaciones adicionales hasta 2028 y desembolsos por aproximadamente USD 1.265 millones dentro del programa actual. Al mismo tiempo, Ecuador enfrenta un calendario creciente de pagos al FMI por créditos previos: en 2026 deberá cancelar cerca de USD 1.090 millones, con montos mayores previstos en 2027 y 2028. La decisión del Directorio en marzo dependerá del cumplimiento de las metas acordadas y de la evaluación técnica sobre la consistencia de la política fiscal y de las reformas estructurales en curso.
