El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido convocó este sábado por segunda vez en dos días al embajador chino en Londres, Zheng Zeguang, para que se reuniera con la canciller Yvette Cooper, tras la condena de dos funcionarios de origen chino acusados de espiar a disidentes prodemocráticos de Hong Kong en territorio británico en favor de los servicios de inteligencia de Pekín.
Chung Biu Yuen, de 65 años, y Chi Leung Wai, de 40, ambos empleados en controles fronterizos del Reino Unido, fueron condenados por un tribunal de Londres por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero. La fiscalía sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 llevaron a cabo labores de vigilancia sobre residentes hongkoneses en Gran Bretaña; uno de ellos tuvo acceso a bases de datos migratorias que utilizó para localizar a los objetivos y transmitir esa información a Beijing.
En un comunicado, el Foreign Office advirtió que “el Reino Unido no tolerará intentos de Estados extranjeros de intimidar, acosar o causar daño a personas o comunidades en su territorio” y afirmó que estas acciones suponen una grave violación de la soberanía británica. Añadió que exigirá a China responsabilidades por conductas que, según el Gobierno, socavan la seguridad y los valores democráticos del país.
La réplica de Beijing
China rechazó con dureza las condenas. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró que Londres había “abusado de la ley” mediante acusaciones sin fundamento y la manipulación de procedimientos judiciales, y afirmó que Pekín había presentado ya protestas formales ante las autoridades británicas.
Lin también acusó al Gobierno del Reino Unido de apoyar “elementos anti-China y desestabilizadores de Hong Kong” y pidió a Londres que rectifique y preserve el “impulso positivo” de las relaciones bilaterales.
El subsecretario del Foreign Office, Dan Jarvis, explicó que la primera convocatoria del embajador, el jueves tras conocerse el veredicto, respondió a que las actividades de ambos implicados constituían “una infracción de la soberanía británica”.
El caso se enmarca en la creciente inquietud en Londres por posibles operaciones de inteligencia chinas en suelo británico dirigidas contra la diáspora hongkonesa, preocupación que se acentuó desde la entrada en vigor en 2020 de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.
