La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está siendo investigada luego de que una autorización judicial en Estados Unidos permitiera acceder a cuentas bancarias vinculadas a sus contratos internacionales, lo que habría puesto al descubierto un presunto circuito financiero paralelo que manejó cerca de 300 millones de dólares al margen del control institucional.
La indagación se centra en la administración de ingresos por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección nacional, canalizados a través de TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al empresario Javier Faroni, constituida en Florida en agosto de 2021 y designada posteriormente como agente comercial exclusivo de la AFA.
En los allanamientos realizados en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, y en el domicilio de Faroni, los investigadores secuestraron un contrato entre la entidad y TourProdEnter que, según la pesquisa, establece que la firma percibe el 30% de lo recaudado por la selección en el exterior.
Tras la difusión de la información, la AFA emitió un comunicado titulado “la única verdad es la realidad”, en el que defendió ese porcentaje comparándolo con acuerdos anteriores suscritos con otros agentes comerciales; en el texto no se menciona a Faroni de forma explícita, pero sí se repasan antecedentes vinculados a la gestión previa.
La AFA sostiene que, desde la asunción de la nueva conducción en 2017, se inició un proceso de revalorización de los activos de la Asociación y de renegociación de contratos con socios comerciales, sponsors y agentes de partidos, muchos de cuyos derechos estaban cedidos hasta 2030.
Según la entidad, la distribución económica de los ingresos era distinta a la actual: antes de la presente gestión, en varios casos hasta el 70% de los ingresos quedaba en manos de quienes administraban los derechos cedidos, mientras que la AFA percibía el 30%.
La causa forma parte de una investigación más amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación del expediente, se incluyó a Faroni, a su esposa y a otras personas que, según la fiscalía, figuran como administradores, managers o beneficiarios formales de sociedades investigadas pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos manejados. Los investigadores consideran que podría tratarse de mecanismos de uso de prestanombres, extremo que todavía debe ser corroborado.
EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA
Frente a la publicación y difusión de información sobre estos temas, la AFA reiteró que desde 2017 se trabajó en la revalorización de activos y en la renegociación de contratos con socios comerciales, sponsors y agentes de partidos, muchos de los cuales estaban cedidos hasta 2030.
En algunos de esos acuerdos, además del bajo beneficio económico para la Asociación, la forma de distribuir los ingresos era distinta a la vigente actualmente.
Antes de la actual gestión, en ciertos contratos se llegó a otorgar hasta el 70% de los ingresos a quienes administraban los derechos, por ejemplo en la Selección Argentina —considerada el principal activo— mientras que la AFA percibía sólo el 30%.
Como ejemplo, la AFA menciona que el entonces agente comercial ISL cobraba el 55% y la AFA el 45%; luego, Santa Mónica actuó como agente comercial con una división 50/50; y en otro caso, Guillermo Tofoni, asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales, percibía hasta un 35% mientras su asociado cobraba el 65% y la AFA recibía una suma fija de 1.000.000 de dólares por cada partido.
Según la AFA, esa ecuación se ha ido revirtiendo y se continúa trabajando en esa dirección, alcanzando actualmente una distribución aproximada del 70% para la AFA y el 30% para los socios comerciales.
La entidad afirma que resulta comprensible que quienes no accedieron a renegociar acuerdos desfavorables o a pactar nuevos contratos beneficiosos para ambas partes intenten recuperar beneficios previos, mediante acciones que, en su opinión, buscan desgastar institucionalmente y desestabilizar a la AFA para forzar negociaciones que restablezcan sus privilegios económicos.
La AFA sostiene que, en este contexto, no hay actores que actúen en beneficio público; por el contrario, se trata de intereses particulares que buscan obtener ventajas económicas.
Por todo ello, la Asociación reitera que la sociedad merece recibir información seria, responsable y verificada; y que, con el tiempo, las operaciones suelen quedar expuestas por sí mismas.
