El diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, criticó con dureza las reformas al sistema de inteligencia impulsadas por el gobierno de Javier Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La norma, publicada en el Boletín Oficial, reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y habilita a su personal a aprehender personas en determinados casos.
La medida, que había sido anticipada por el Poder Ejecutivo, recibió un rechazo inmediato de sectores de la oposición, que advirtieron sobre el alcance de los cambios introducidos en la ley de inteligencia. Galmarini sostuvo que este tipo de decisiones deberían tramitarse y debatirse en el Congreso Nacional.
El legislador señaló en su cuenta de X que, aun reconociendo la complejidad del contexto actual, en un país con antecedentes de interrupciones democráticas las reformas de este tipo no deben resolverse por decreto. Añadió que definir misiones y funciones de inteligencia exige una mirada integral y honestidad intelectual.
El DNU dispone que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional quedan facultados para garantizar su propia seguridad y protección, incluyendo instalaciones, bienes, personal, operaciones e información. También les permite repeler o hacer cesar agresiones que pongan en riesgo esas actividades.
Un punto particularmente cuestionado es la autorización para que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de informar de inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes.
La norma redefine además las tareas de contrainteligencia, incorporando entre sus objetivos la prevención de infiltraciones, espionaje, sabotajes y acciones de injerencia externa que puedan afectar el orden constitucional, el sistema republicano de gobierno o los intereses estratégicos del país.
Desde la oposición anticiparon que el siguiente capítulo de la discusión será en el Congreso, donde intentarán impugnar el DNU para impedir su vigencia. No obstante, reconocen que revocar el decreto es complejo, ya que exige el rechazo en ambas cámaras; de no lograrse, la medida permanecerá en vigor.
