En paralelo a las negociaciones por la Reforma Laboral, el Gobierno minimiza las críticas de la oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y que ingresó recientemente al Congreso. Fuentes oficiales confían en poder defender el decreto en el Senado, aunque buscan postergar su tratamiento hasta marzo.
“No veo que pueda tratarse estos días. No tienen el número. Sin embargo, técnicamente contamos con los votos para respaldarlo en el Senado”, reconoció una fuente con acceso al despacho presidencial.
En la administración libertaria confían en el liderazgo de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que según los cálculos propios dispondría de un piso de alrededor de 40 apoyos en la Cámara Alta, basados en el acompañamiento al Presupuesto 2026 y a la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre. No obstante, Bullrich deberá trabajar para trasladar ese respaldo al tratamiento del decreto.
El pasado jueves el Poder Ejecutivo remitió la iniciativa, suscripta por el presidente Javier Milei y el Gabinete, al Senado tras su ingreso inicial por Diputados. Desde ese momento rige un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo —aún no conformada— la analice; por esa razón, recién el 29 de enero ambas cámaras podrían debatir su validez en el recinto.
En Balcarce 50 destacaron además la decisión judicial de no habilitar la feria para tramitar los amparos de la oposición contra el decreto 941/25 y justificaron la medida aduciendo falta de legitimación de los presentantes y la ausencia de prueba de un daño concreto. Aun así, los equipos legales oficialistas preparan estrategias en previsión de que la justicia eventualmente admita los planteos en febrero.
La oposición cuestiona el carácter de “necesidad y urgencia” del decreto, en particular porque la reforma habilita al personal de inteligencia a ejecutar aprehensiones. En el oficialismo replican que, a corto plazo, no cuentan con los números para someterlo a tratamiento inmediato.
A pesar de los pedidos para conformar las bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, desde La Libertad Avanza optan por no integrarlas con el objetivo de prolongar el debate hasta marzo. Si el tema se tratara en sesiones ordinarias, perdería visibilidad e impacto, pero seguiría vigente hasta que el Congreso se pronuncie.
En ese escenario, se potencia el papel de Patricia Bullrich para articular los apoyos que permitieron sancionar el Presupuesto en diciembre. “Patricia cuenta con una especie de bloque de 40”, estimó un integrante de la mesa política del oficialismo.
Un legislador de La Libertad Avanza admitió que la situación es más compleja en Diputados por la presión opositora, pero se mostró optimista respecto a las chances en el Senado, donde esperan respaldo de bloques como la UCR, el PRO y algunas bancadas provinciales. Señaló además que la oposición sabe que basta la aprobación de una sola cámara para validar el DNU.
También desde la oposición consideran que, tras la performance legislativa del oficialismo a fin de año, la Cámara Alta presenta un escenario relativamente favorable. No obstante, advierten que puede haber variaciones según la posición que adopte el radicalismo y otros sectores.
En paralelo, trabajan para conseguir los 129 votos necesarios para habilitar el quórum y facilitar el tratamiento en los próximos días. Por ahora calculan contar con 123 o 124 apoyos, aunque reconocen que las condiciones pueden cambiar antes de febrero y prometen presionar hasta lograr el número requerido.
En la Casa Rosada confían, particularmente el asesor presidencial Santiago Caputo —quien lideró la redefinición de competencias de la SIDE—, en la interpretación de la Ley 26.122: según esa lectura, la convalidación de un DNU puede lograrse con la aprobación de una sola cámara, mientras que su rechazo exigiría que ambas cámaras lo voten negativamente por mayoría simple.
Mientras tanto, Caputo trabaja en una nueva propuesta que integraría una tercera reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, junto con revisiones de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Seguridad Nacional. Desde su entorno no brindaron plazos concretos sobre el envío de esa iniciativa al Congreso una vez iniciado el año legislativo.
