Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari —el conductor de la camioneta que impactó contra el UTV en el que viajaba Bastian Jeréz— solicitó formalmente a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre que se tomaron a los imputados el mismo día del accidente y que fueron analizadas este lunes por peritos.
Los análisis iniciales informaron toxicología negativa para los tres imputados; los resultados de alcoholemia fueron: Molinari 0,21 g/l, Quiroz 0,41 g/l y Jerez 0,00 g/l.
No obstante, Molinari negó haber consumido alcohol, y su defensa planteó la posibilidad de contaminación, mezcla o confusión de las muestras, según fuentes del caso citadas por Infobae.
Según esas mismas fuentes, el pedido de la defensa se funda en supuestas irregularidades en los envases utilizados para conservar las muestras, que habrían sido reutilizados. Para el defensor, esa circunstancia comprometería la fiabilidad, autenticidad e identidad de los resultados de alcoholemia y de los estudios toxicológicos.
Al abrir las tres muestras sanguíneas, Riglos señaló que los frascos eran “no vírgenes”, reciclados, con etiquetas precarias y de difícil lectura, escritas a mano en una tela adhesiva, lo que, a su juicio, dificultaba la identificación de los donantes.
Todas las partes manifestaron interés en la cadena de custodia y en el mantenimiento de la cadena de frío de las muestras. El particular damnificado, Guillermo Schmidt, presentó un perito para garantizar que el estudio se realice correctamente; y el especialista propuesto por Matías Morla solicitó que se reserve una cantidad mínima de muestra para posibilitar una contrapericia si fuera necesario.
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal sostiene que la prueba pericial sanguínea es de difícil reproducción y, por ello, exige estándares estrictos de esterilidad y trazabilidad. Riglos advirtió que la falta de claridad sobre el proceso de esterilización de los frascos reciclados pone en duda la correspondencia entre la muestra y el sujeto analizado, así como la validez de los resultados obtenidos.
Como medida concreta, la defensa solicitó que se ordene la realización de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre remanentes y que se extraigan nuevas muestras a los imputados para cotejar los resultados.
Además, planteó la necesidad de requerir un informe técnico detallado sobre el método de esterilización aplicado a los frascos, el equipamiento utilizado, el profesional responsable, las certificaciones y los protocolos seguidos para la reutilización de los recipientes.
Riglos explicó que su pedido se funda en el derecho de defensa en juicio y en la garantía del debido proceso, aludiendo a normas constitucionales nacionales e internacionales.
Finalmente, solicitó que se suspenda toda valoración definitiva de los análisis de alcoholemia hasta que se disipen las dudas sobre la integridad de las pruebas.
Ese planteo tendría el efecto de demorar la resolución judicial sobre la situación de Molinari, quien ya presentó en la causa una petición de eximición de prisión.
No obstante, fuentes con acceso al expediente indicaron a este medio que la solicitud de Riglos no detendría el avance de la investigación a cargo del fiscal Sergio García.
Por el contrario, estiman que, antes de que finalice la temporada, el representante del Ministerio Público podría estar en condiciones de llamar a indagatoria a los imputados.
Inhabilitación de los conductores
El Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, confirmó la inhabilitación de los conductores involucrados en el caso Bastián, por los hechos ocurridos en la zona de La Frontera, en el partido de Pinamar.
La medida, adoptada el 20 de enero pasado, se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que representaron un riesgo para terceros y fue reforzada luego de que, por vía judicial, se constatara la presencia de alcohol en sangre en los involucrados.
La resolución ministerial afecta a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastian, y a Manuel Molinari, conductor de la camioneta Volkswagen Amarok.
Según el texto del ministerio, la conducta de ambos “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”, especialmente en escenarios donde la repetición de maniobras imprudentes puede producir consecuencias graves o fatales.
