Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como “organización terrorista” tras la represión de las protestas, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas. Con esta medida, la UE coloca al cuerpo militar iraní en la misma categoría que organizaciones como Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas, sumándose a decisiones previas de Estados Unidos, Canadá y Australia.
Kallas afirmó que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”, en referencia a una represión que, según activistas, ha dejado al menos 6.373 muertos en semanas recientes —entre ellos más de 5.900 manifestantes— y más de 40.000 detenidos. Las cifras citadas incluyen a 113 menores y 53 civiles que no participaban en las movilizaciones.
La decisión se adoptó por unanimidad y supone un giro simbólico en la relación europea con Teherán, donde hasta ahora países como Francia e Italia mostraban reservas por motivos de seguridad y por la preservación de canales diplomáticos. Ambos países terminaron apoyando la medida, que analistas como Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, describen como un acto simbólico que marca el fin del intento de diálogo y el inicio de una etapa de aislamiento y contención.
La inclusión de los Guardianes en la lista negra de la UE implica la prohibición de entrada al territorio comunitario y la congelación de activos para 21 personas y entidades iraníes, entre ellas altos mandos militares, como el ministro del Interior Eskandar Momeni y el jefe de la policía. Además, se sancionaron seis organizaciones, incluidas algunas dedicadas a la supervisión de contenidos en línea, en un contexto de restricciones a las comunicaciones que ha dificultado el acceso a información independiente sobre la represión.
Creado tras la revolución islámica de 1979, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución opera en paralelo a las fuerzas armadas regulares y controla sectores relevantes de la economía, así como programas de misiles balísticos y nucleares. La milicia Basij, estructura interna del cuerpo, habría desempeñado un papel central en la represión de las protestas, especialmente desde el 8 de enero, fecha en la que se registraron cortes de acceso a Internet. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos disparando y agrediendo a manifestantes.
Aunque las sanciones se consideran en gran medida simbólicas, aumentan la presión internacional sobre la República Islámica, que también enfrenta la amenaza de una posible acción militar estadounidense. Según el comunicado, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente, mientras Irán advirtió con represalias y anunció ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.
La diplomacia europea aseguró que, pese a la medida, los canales de comunicación con Irán “seguirán abiertos”. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró que no puede haber impunidad por los crímenes cometidos y que las sanciones buscan responder a la “insoportable represión” contra una revuelta que comenzó de forma pacífica.
En el plano interno, la moneda iraní cayó a un récord de 1,6 millones de riales por dólar, síntoma de la gravedad de la crisis económica que alimentó las protestas. El alcalde de Teherán anunció planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas, mientras el líder opositor Mir Hossein Mousavi volvió a pedir un referéndum constitucional para cambiar el gobierno.
(Con información de AFP, Reuters y AP)
