Desde el 1 de enero de 2026, Alemania aplica la llamada “pensión activa”, que permite a jubilados que continúan trabajando tras la edad legal de retiro recibir hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos.
La reforma responde a la escasez de mano de obra y busca contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones público.
A diferencia del régimen anterior, la nueva norma autoriza a personas mayores de 67 años a combinar salario y pensión, elimina el antiguo tope de ingresos adicionales y levanta la prohibición de reincorporarse al puesto de trabajo previo, según explicó el Parlamento alemán.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, describió la medida como un incentivo sencillo para retener talento con experiencia y ofrecer mayor flexibilidad a los empleadores. Señaló que quienes decidan trabajar más tiempo deben encontrar condiciones atractivas.
Bas añadió que suprimir la restricción de volver al empleo anterior facilita la continuidad laboral de quienes quieren seguir activos.
La aprobación de la reforma fue precedida por un intenso debate político. El comité de coalición, liderado por el canciller Friedrich Merz e integrado por ministros de carteras clave, promovió el cambio para cubrir vacantes crecientes en sectores demandantes de personal.
Carsten Linnemann, portavoz de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), afirmó que la “pensión activa” modifica el panorama laboral en Alemania y ayuda a captar personal cualificado, al tiempo que permite a los jubilados obtener ingresos adicionales sin perder ciertos beneficios sociales.
En el Bundestag, el paquete legislativo se aprobó con 318 votos a favor, 224 en contra y 53 abstenciones, reflejando la división de opiniones sobre el alcance de las medidas.
Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Dagmar Schmidt subrayó la prioridad de estabilizar el nivel de las pensiones para proteger el poder adquisitivo de los pensionados, y señaló que esa estabilización es un objetivo central para su partido.
Comparado con otros países europeos, el incentivo fiscal alemán es relativamente explícito. Según la OCDE, naciones como Suecia ofrecen deducciones fiscales para quienes trabajan después de los 66 años y Dinamarca aplica bonificaciones por aplazar la pensión.
No obstante, la mayoría de los Estados miembros optan principalmente por bonificaciones por pensiones aplazadas, donde el hecho de seguir trabajando no siempre conlleva un ingreso tan exento de impuestos como el que permite la reforma alemana.
La nueva legislación establece que los trabajadores pueden combinar salario y pensión hasta 2.000 euros mensuales sin tributar por ese monto. La eliminación de la prohibición de regresar al empleo anterior favorece a empresas que necesitan perfiles expertos y mantiene personal veterano en puestos clave.
Se advirtió, sin embargo, sobre dudas pendientes en torno a la interacción de este beneficio con otros gravámenes, como recargos de solidaridad o impuestos municipales, y sobre si el límite exento se aplicará por persona o por contrato cuando haya varias actividades laborales.
El Bundestag reconoció que los requisitos técnicos y administrativos para implementar la pensión activa todavía no están totalmente resueltos. Persisten interrogantes respecto a la coordinación con los pagos de seguros de salud y la adaptación de normativas locales para armonizar los beneficios.
Analistas citados por The Guardian advirtieron que la reforma podría no llegar plenamente a los hogares más vulnerables, ya que quienes se beneficien en mayor medida serán quienes accedan a empleos de calidad; algunos críticos alertan además del riesgo de debilitar ciertos esquemas de protección social.
El paquete legislativo incluyó otras medidas, como la ampliación de los períodos de crianza reconocidos: para progenitores de hijos nacidos antes de 1992 se añaden seis meses, con lo que el reconocimiento alcanza los tres años.
Se mantuvo el nivel mínimo de pensiones en el 48% del salario previo hasta 2031 y se prorrogó la suspensión del “factor de sostenibilidad”, mecanismo que ajusta la evolución de las pensiones al equilibrio entre cotizantes y jubilados.
El Bundestag calculó que garantizar la estabilidad del sistema costará más de 120.000 millones de euros en quince años, con una revisión prevista para 2031 en función de la evolución demográfica y económica.
El futuro del sistema de pensiones dependerá de las recomendaciones de una comisión de expertos que ya trabaja en propuestas para reforzar la viabilidad de la jubilación pública; parlamentarios y analistas indicaron que el principal desafío es mantener el equilibrio financiero y demográfico.
El Parlamento alemán reconoció que afrontar esos retos exigirá determinación y decisiones valientes en los próximos años para sostener la reforma y proteger la seguridad social de las generaciones futuras.
