5 de febrero de 2026
Buenos Aires, 24 C

Cierre de escuela privada en CABA: 200 alumnos sin vacante y salarios impagos

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cerró sus puertas de forma inesperada. Alrededor de 200 alumnos quedaron sin vacante y la comunidad educativa denuncia el pago adeudado de salarios y contribuciones.

El hecho se registró en la institución Formar Futuro, ubicada en el barrio de Villa Real, en la calle Simbrón al 5400.

Según la reconstrucción del caso, las familias fueron notificadas a mediados de enero sobre el cierre inminente cuando las autoridades enviaron un correo electrónico informando la decisión.

Ese aviso dejó poco tiempo para buscar otra escuela en un calendario acotado: las clases del ciclo lectivo 2026 comienzan el 25 de febrero en niveles inicial y primario, y el 2 de marzo en el nivel secundario.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que los empleadores comunicaron el cierre por “un correo electrónico cobarde”, dejando salarios y aportes a la seguridad social impagos, alumnos sin colegio y trabajadores sin su fuente de ingreso.

En una publicación en redes, la organización calificó el cierre como “abrupto y delictivo”.

No sólo más de 50 docentes perdieron sus puestos de trabajo, sino que además no cobran sus sueldos desde diciembre del año pasado. Según el sindicato, se desconoce el paradero de las autoridades de la escuela.

SADOP agregó que los responsables no sólo perjudicaron a la comunidad educativa, sino también al Estado al malversar fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), se habían recibido con la finalidad de pagar los salarios docentes.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad informaron a Infobae que tomaron conocimiento del caso en enero a partir de las denuncias de docentes que no habían cobrado y las alertas de las familias.

En ese contexto, el Ministerio, en carácter de “particular damnificado”, inició acciones judiciales contra los responsables de la escuela, que recibía aportes estatales.

“Se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”, indicaron desde la cartera educativa.

Días atrás, una madre de la comunidad de Formar Futuro viralizó un video en el que relató cómo se enteraron del cierre: el 10 de enero la noticia comenzó a circular a través de un mensaje en el grupo de padres.

“Durante todo enero, madres y padres a la deriva, buscando escuelas, intentando reorganizar un año entero mientras los chicos quedaban sin colegio y sin sus compañeros. Docentes sin trabajo. Familias desesperadas. Niños y adolescentes afectados desde jardín hasta secundaria. Esto no es un ataque. Es un relato colectivo de lo que vivimos muchas familias”, escribió la usuaria en Instagram.

La nueva resolución del Gobierno

Ante esta situación, la cartera a cargo de Mercedes Miguel implementó una nueva medida para evitar cierres sin aviso previo a las familias: la resolución N.o 92, publicada en el Boletín Oficial porteño el 22 de enero.

Según las pautas, “toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada”.

El protocolo obliga a la escuela a notificar a la Dirección sobre “la existencia de un riesgo de continuidad” cuando se esté evaluando la posible cancelación de uno o más niveles, modalidades o de la totalidad de la oferta educativa del establecimiento.

Además, las autoridades deben presentar una solicitud formal de cancelación institucional y realizar una reunión obligatoria con las familias y los equipos docentes para informar los lineamientos, organizar el acompañamiento pedagógico y atender inquietudes laborales e institucionales.

Un punto clave que no se cumplió en el caso de Formar Futuro es la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales en instituciones que reciben aportes estatales.

El documento establece que la institución que perciba aportes públicos deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales con su personal docente y adjuntar la documentación correspondiente según la normativa vigente.

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