La madrugada del 1° de diciembre de 2025, cuando la Policía Federal realizaba un amplio operativo en Adrogué y otras localidades de Lomas de Zamora para desarticular una presunta cueva financiera vinculada al fútbol, en las oficinas de Sur Finanzas se montó una puesta en escena. No se trató solo de borrar servidores o esconder equipos: la organización ejecutó acciones destinadas a presentar resultados falsos ante la Justicia y proteger el núcleo del negocio.
Fuentes judiciales consultadas por Infobae aportaron detalles inéditos del expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez federal subrogante Luis Armella. La solidez de estas pruebas motivó la orden inmediata de detención de cuatro personas clave en la estructura: Daniela Sánchez (secretaria), Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento) y Rolando Soloaga (jefe de seguridad).
La investigación, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, permitió reconstruir la mecánica del encubrimiento: desde un “oficial de cumplimiento” que se burlaba de los investigadores en chats hasta la instrucción expresa de dejar un “puchito” de efectivo en las cajas para que la Policía creyera que el allanamiento había sido exitoso.
El “puchito”
Si bien se conocía que la financiera había vaciado sus cuentas, la pesquisa identificó una maniobra psicológica más elaborada. Daniela Sánchez, secretaria de extrema confianza de Ariel Vallejo —propietario de Sur Finanzas y empresario vinculado a la AFA—, no solo ordenó retirar la mayor parte del capital; también indicó dejar una suma pequeña, irrelevante respecto al volumen habitual, como señuelo.
Según las escuchas y el análisis de chats, la instrucción fue dejar un “puchito” de dinero para que fuera hallado y secuestrado por la Policía. La finalidad era doble: simular cooperación y desviar la atención de los investigadores para que no siguieran buscando las sumas millonarias que, según la causa, ya habían sido retiradas por una persona identificada como “Enrique”.
“Tmb lo escondí jajaja”
Un hallazgo relevante del expediente involucra a César Zapaia, cuyo cargo formal era el de oficial de cumplimiento, la figura legalmente encargada de reportar operaciones sospechosas y prevenir el lavado de activos.
En lugar de colaborar, Zapaia participó en la obstrucción. El 10 de diciembre, días después de los primeros procedimientos, mantuvo un chat con Juan Miguel Soler, el técnico informático, en el que reconoció haber ocultado al menos dos computadoras y su propio teléfono durante el allanamiento.
Cuando el técnico le preguntó cómo había logrado salvar su dispositivo, Zapaia respondió burlonamente: “tmb lo escondí jajaja”. En la misma conversación se jactó de haber entregado a la Policía equipos obsoletos y teléfonos “sin nada”, asegurando así la impunidad de la información sensible.
La “covacha” y los ploteos arrancados
La logística para ocultar la flota de vehículos también presentó particularidades. Rolando Esteban Soloaga, apodado “Rolo” y señalado como jefe de seguridad y logística, coordinó el traslado de camionetas Toyota SW4 a un lugar que él llamó la “covacha de civil”.
El expediente señala la urgencia por borrar los vínculos con la empresa: Soloaga dio instrucciones concretas a sus subordinados para “sacarle el pegamento del ploteado” a la camioneta con dominio AC 201 VR. Esa unidad, secuestrada en Turdera el 11 de diciembre, llevaba la inscripción “TRASLADO DE VALORES”, una leyenda que la organización quiso hacer desaparecer antes del accionar judicial.
Ese mismo imputado, “Rolo”, está bajo sospecha por movimientos financieros que no se condicen con su perfil: entre el 17 y el 23 de octubre de 2025 depositó en efectivo casi 98 millones de pesos en una cuenta del Banco Hipotecario a nombre de Neblockchain S.A., la firma precedente de Sur Finanzas.
Conexión Villa Gesell: la madre y el parador
Aunque la atención inicial se concentró en el Conurbano, la investigación se orientó hacia Villa Gesell tras el hallazgo de documentación clave. Se detectó un galpón en Paseo 110 (N° 1151/1153) que funcionaba como depósito oculto y cuyo contrato de alquiler figura a nombre de Graciela Beatriz Vallejo, madre del principal imputado.
La estructura costera incluye además un parador. Se investiga la sociedad detrás del local en Calle 107 y la playa, antes conocido como “Cluster Palace Beach” y hoy denominado “Cuatro Mares”. Ariel Vallejo figuraba como la cara visible del emprendimiento, mientras que su madre aparece como directora suplente en la documentación.
Lavado entre ecografías
Una de las hipótesis firmes es la utilización del rubro salud para canalizar fondos ilícitos. Las denuncias señalan a la firma RDA (Radiología y Diagnóstico de Lomas de Zamora).
La vinculación dejó de ser solo sospecha cuando, en el depósito de Turdera usado por la financiera, los investigadores encontraron material de diagnóstico por imágenes mezclado con documentación económica. También aparecieron recibos que demuestran que Sur Finanzas pagaba directamente los alquileres de los locales donde operaba el centro de radiología, lo que confirma la superposición patrimonial entre ambas empresas.
Huellas dactilares por la fuerza
Ante la sistemática destrucción de pruebas y el bloqueo de dispositivos, el juez Luis Armella autorizó una medida que marca un precedente en la investigación de delitos complejos: permitió a la Policía Federal usar la “fuerza mínima, racional e indispensable” para desbloquear los celulares incautados.
Eso implica que, si los imputados se niegan a entregar sus claves, los agentes pueden emplear de forma compulsiva las huellas dactilares o el reconocimiento facial para acceder a los contenidos. El magistrado sostuvo que esta medida no vulnera la garantía contra la autoincriminación, al considerarse un “comportamiento pasivo” comparable a la extracción de sangre o a una rueda de reconocimiento.
Prófugos y viajeros
Mientras la causa avanza con las detenciones recientes, la situación de otros implicados sigue incierta. Gastón Pannia, empleado de la empresa de sistemas PGSNET que prestaba soporte a la financiera, fue localizado en España. Nahiara Gamarra, la secretaria que ordenó “limpiar bien” su computadora, fue reportada por la Policía como “de vacaciones” en el momento en que intentaron ubicarla. En tanto, Gerardo Carroza, que se había presentado como gerente general en operativos anteriores, no fue hallado en ninguno de los domicilios vinculados a la organización.
