El debate sobre bajar la edad de imputabilidad en Argentina incorporó una mirada técnica que relativiza las expectativas de soluciones inmediatas frente a la inseguridad. El abogado Francisco Oneto analizó una posible reforma que fijaría el límite en 14 años y definió el papel del derecho penal: “No está para prevenir el delito, sino para tutelar los efectos del delito”.
Según Oneto, la sanción funciona como una “aspirina”: se aplica cuando el problema ya ocurrió y no evita las causas sociales que originan la delincuencia.
También advirtió sobre una tensión normativa: desde el Código Civil y Comercial, el discernimiento para actos ilícitos se alcanza a los 10 años, lo que plantea dudas sobre la coherencia legal de establecer otras edades. Aclaró que no promueve personalmente esa cifra, sino que señala una cuestión de consistencia del ordenamiento.
Subrayó que bajar la edad a 14 años no garantiza mejoras inmediatas en materia de seguridad. No implicaría que los menores dejen de delinquir, sino que, eventualmente, seguirían cometiendo delitos y recibirían sanciones.
Además cuestionó el mito de que los menores de 16 quedan impunes tras cometer delitos graves: la legislación vigente permite que el juez adopte disposiciones y derive al menor a un instituto, por lo que sí existen consecuencias judiciales.
En su opinión, el eje del debate debería centrarse en el sistema tutelar y no exclusivamente en el aspecto punitivo, diferenciando entre la pena para mayores de 16 años y las medidas tutelares para quienes no son punibles.
Respecto del sistema penitenciario y el uso de celulares en las cárceles, propuso avanzar hacia un esquema de control estatal con trazabilidad de los dispositivos en lugar de prohibiciones absolutas, buscando equilibrar el mandato constitucional de resocialización con las demandas sociales de castigo.
Finalmente, reclamó una discusión más profunda sobre el sentido de la pena en Argentina, señalando que el modelo actual no logra la reinserción efectiva ni satisface la demanda social de justicia, y deja al Estado en una posición de ineficacia frente al fenómeno delictivo.
