Teherán anunció la creación de un comité para investigar la violencia registrada durante las protestas de enero, pero la decisión generó escepticismo en distintos sectores políticos y sociales que exigen una investigación independiente.
El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, informó la semana pasada sobre la conformación de ese órgano, destinado a analizar causas y consecuencias de los disturbios. La portavoz presidencial, Fatemeh Mohajerani, indicó que el comité recopila documentos y testimonios relacionados con los hechos.
La iniciativa recibió objeciones dentro del espectro político iraní. Dirigentes, analistas y medios reformistas cuestionaron que un panel designado por el propio régimen pueda actuar con la imparcialidad requerida para investigar episodios que implican a instituciones estatales.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó una misión internacional independiente para indagar presuntas violaciones graves de derechos humanos vinculadas a las protestas. Esa misión fue creada tras el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022 y su mandato se extendió en enero de 2026. Hasta ahora, las autoridades iraníes no autorizaron su ingreso y rechazaron cooperar, calificando la investigación de motivada políticamente.
Incluso voces moderadas, que suelen favorecer cambios graduales dentro del sistema, expresaron reservas sobre la credibilidad del comité oficial. El diario reformista Tose’e Irani señaló que la reconstrucción de la confianza pública requiere la participación de personas ajenas al Estado.
Según el periódico, para que el informe del comité sea creíble debe incluir “abogados independientes, activistas de derechos humanos e incluso académicos iraníes destacados que viven en el extranjero”.
El periodista Ahmad Zeidabadi, citado por Iran International, advirtió que cualquier pesquisa interna enfrentará una fuerte desconfianza social. Preguntó por qué no invitar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a enviar un equipo profesional y sostuvo que solo un informe internacional creíble puede zanjar el conflicto de narrativas.
El abogado y activista Hassan Younesi instó al presidente a impulsar una investigación realmente independiente, y el periodista Hossein Yazdi afirmó que un comité solo generará confianza si sus integrantes “no estén ellos mismos acusados”.
La desconfianza pública se inscribe en antecedentes de investigaciones oficiales controvertidas: entre ellos el ataque a residencias estudiantiles en Teherán en 1999, el derribo en 2020 de un avión de pasajeros ucraniano que causó 176 muertes y la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la llamada policía de la moralidad, casos cuyas explicaciones oficiales recibieron fuertes críticas.
La oficina presidencial informó que 3.117 personas murieron durante los disturbios de enero, entre ellas más de 2.400 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que, según las autoridades, fallecieron a manos de “agentes enemigos extranjeros”.
Esa cifra fue impugnada: grupos de derechos humanos y medios independientes difundieron balances considerablemente más altos, que en algunos casos llegan a situar el número de muertos hasta en 36.500.
Las sospechas aumentaron tras revelaciones desde el ámbito político. En un audio filtrado divulgado por Iran International, el dirigente reformista Ali Shakouri-Rad afirmó que instituciones de seguridad “inyectaron deliberadamente violencia en la escena” para justificar una represión amplia y describió esa conducta como “sistemática” en las políticas de seguridad del país.
El expresidente Mahmoud Ahmadinejad formuló acusaciones similares y sostuvo que sectores del Estado fueron responsables de muertes durante las protestas.
Pezeshkian calificó inicialmente las declaraciones de Shakouri-Rad como “injustas”. Posteriormente moderó su postura, dijo haber ordenado un examen adicional de las acusaciones y autorizó una revisión complementaria a través de funcionarios competentes.
