El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles la imposición de restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes, acusados de responsabilidad en “violaciones graves de derechos humanos” durante la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de 2025. Estas medidas llegan en medio de negociaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán y de un despliegue militar estadounidense inusual en el Golfo Pérsico.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní”, declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott. Con esta decisión, la lista de personas sancionadas bajo esta política específica por violaciones de derechos humanos asciende a 58.
Las restricciones se dirigen a funcionarios señalados por restringir derechos de expresión y reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión fue descrita como la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979: la agencia Human Rights Activists News Agency documentó, hasta el 5 de febrero, más de 6.900 muertes confirmadas, mientras que otras estimaciones sitúan el número por encima de los 30.000.
El régimen iraní impuso un apagón casi total de internet durante varios días desde el 8 de enero, una medida que, según el Departamento de Estado, “restringió severamente” la capacidad de documentar abusos. Amnistía Internacional calificó la represión como una “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones pudo haber ocultado crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anuncian al mismo tiempo que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán. El 17 de febrero tuvo lugar la segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní; el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que se habían acordado “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persisten diferencias. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas, mientras que Estados Unidos busca abordar no solo el uranio, sino también los misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región.
El contexto militar ha aumentado la tensión: a finales de enero Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico acompañado de tres destructores, unas 90 aeronaves y alrededor de 5.700 tripulantes. El 14 de febrero el presidente Trump confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo; la presencia simultánea de dos portaviones en la zona es inusual y se interpreta como una presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas situaron al Abraham Lincoln a unos 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente este paso estratégico, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con atacar buques de guerra estadounidenses. Por su parte, el presidente Trump reiteró su disposición a usar la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y no descartó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron en el contexto de una grave crisis económica: la inflación alcanzó el 42% en diciembre de 2025 y el rial se había devaluado más del 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Lo que empezaron siendo manifestaciones por cuestiones económicas derivó en un movimiento que reclama el fin del régimen. Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y exigió el cese de la violencia, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las amenazas de ejecutar manifestantes.
