El Gobierno oficializó la reestructuración integral del IOSFA y creó dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de las Fuerzas Armadas y la de las fuerzas federales de seguridad. La medida, que afecta a más de 500.000 beneficiarios, responde a demandas históricas y supone un cambio en la gestión de la salud para estos sectores.
La decisión busca afrontar la crisis financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuya deuda se estima en torno a los 200.000 millones de pesos. Desde el Ejecutivo atribuyen el desorden operativo y financiero a irregularidades en administraciones previas.
Entre las localidades más afectadas por el deterioro se menciona Punta Alta, donde según la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen del IOSFA y llevan meses con dificultades para acceder a servicios básicos de salud.
Ante este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar alternativas que permitan rescatar al sistema. La propuesta oficial implica la división estructural del organismo actual.
Se crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Tendrá alcance nacional y su misión será proporcionar cobertura médico-asistencial y social a la población beneficiaria según el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su Directorio. El decreto fija que las prestaciones no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio establecido por el Decreto N° 492/1995 ni a sus futuras actualizaciones.
El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada fuerza armada, con el objetivo de asegurar una conducción especializada y alineada con las necesidades militares. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y la autoridad de aplicación sobre la nueva obra social.
En paralelo se crea la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su objetivo principal será brindar cobertura médico-asistencial y social al personal de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y eventuales incorporaciones futuras de otras fuerzas federales.
La OSFFESEG operará en todo el país y quedará sujeta a controles y supervisión por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.
El Directorio de la OSFFESEG estará compuesto por cinco miembros titulares, designados y removibles por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con trayectoria técnica y experiencia en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los integrantes acrediten formación y competencia administrativa, además de experiencia en organismos complejos.
La OSFA tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, al personal civil de las Fuerzas Armadas, a empleados de la obra social, a retirados y pensionados. También se incluyen en el beneficio al grupo familiar primario del titular (cónyuge o conviviente y hijos menores de 21 años; hasta los 25 años para quienes cursen estudios formales, bajo condiciones). El directorio podrá autorizar afiliados adherentes siempre que no cuenten con otra cobertura y se garantice la sustentabilidad financiera.
La OSFFESEG incorporará como titulares al personal en actividad de la Gendarmería y de la Prefectura Naval, al personal civil en relación de dependencia de ambas fuerzas, a empleados de la obra social y a retirados y pensionados de esas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular accederá también a la cobertura con condiciones similares a las de la OSFA. El Directorio podrá admitir afiliados adherentes sujeto a viabilidad financiera y a la ausencia de otra cobertura.
Ambas obras sociales tendrán una estructura financiera basada en aportes personales de afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El cálculo de aportes se realizará sobre conceptos remunerativos y no remunerativos, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.
El decreto establece límites de gasto: al menos el 80 % de los recursos deberá destinarse a prestaciones de salud; los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existe un excedente una vez cubiertas las obligaciones, hasta un 12 % podrá destinarse a otras prestaciones sociales.
Se autorizó a cada directorio a elaborar el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos y balances anuales, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante su ministerio correspondiente.
Ambas entidades estarán sujetas a auditorías internas a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y deberán cumplir normas estrictas de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés.
El mandato de los miembros de los directorios será de cuatro años, con posibilidad de reelección. Todos los integrantes deberán acreditar experiencia y competencia en gestión pública o privada, especialmente en administración y salud.
Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé una transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA a las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la normativa complementaria que corresponda.
El proceso busca preservar las prestaciones vigentes y proteger a las poblaciones afiliadas durante la transición. Las sedes centrales de ambas obras sociales estarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.
El Gobierno justificó la medida por “circunstancias excepcionales” que requieren una reorganización institucional, financiera y operativa ante el desequilibrio estructural y el desfinanciamiento del IOSFA. Según el Ejecutivo, la reestructuración pretende asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar afectaciones al derecho a la salud de los afiliados.
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