En medio de una elevada sensibilidad en la comunidad médica por un caso reciente vinculado al uso indebido de fármacos, una autoridad del Hospital Municipal de Bahía Blanca denunció este miércoles el robo de aproximadamente 25 ampollas de fentanilo.
La faltante se detectó en el sector del quirófano central, donde se almacena la sustancia para distintos procedimientos médicos. La hipótesis de robo se fundamenta en que el acceso a esa área, restringido solo a profesionales, mostró signos de haber sido forzado.
Ante la irregularidad, las autoridades del hospital radicaron la denuncia correspondiente en Fiscalía. Por tratarse de un presunto hurto de estupefacientes, intervino la UFIJ No 19 de estupefacientes, cuyo fiscal a cargo es Mauricio del Cero.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que el fiscal dispuso varias medidas en el Hospital Municipal para esclarecer lo ocurrido y ubicar las ampollas, entre ellas la recolección de testimonios del personal del establecimiento.
En paralelo se inició una investigación interna en el hospital. Aunque aún no hay sospechas formales, no se descarta la posible participación de personal del centro médico.
El hecho se produce en un contexto alarmante tras la divulgación de una trama sobre el uso indebido de drogas hospitalarias en reuniones privadas, que salió a la luz en los últimos días.
El caso tomó notoriedad tras la muerte de Alejandro Zalazar, un residente del Hospital Rivadavia, encontrado sin vida en febrero por una sobredosis de propofol y fentanilo. El informe policial describió indicios de intervención médica en la escena —como una vía conectada en el pie derecho, marcas de catéter en el izquierdo y elementos descartables— y la autopsia consignó congestión, edema pulmonar y signos meningoencefálicos.
Días después, el Hospital Italiano denunció faltantes de anestésicos y se abrió una investigación que incluyó allanamientos. Las autoridades confirmaron que los fármacos hallados en la vivienda de Zalazar provenían del hospital.
Asimismo, se difundió un audio de WhatsApp que aludía a fiestas privadas llamadas “Propo fest”, donde un reducido grupo de médicos consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales. Según el testimonio viralizado, se organizaban “viajes controlados” en los que quienes pagaban experimentaban estados de relajación extrema bajo la supervisión de un “controlador” encargado de actuar ante emergencias. La causa judicial imputó al anestesista Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse por administración fraudulenta de drogas, y la Fiscalía también investiga si existió comercialización de esos servicios; el audio, aunque no forma parte formal de la causa, orientó las pesquisas hacia esas reuniones privadas.
