Durante decadas se considero que el voto protegia frente a la violencia y que la politica era una barrera frente a la descomposicion social. Hoy, en gran parte de Hispanoamerica, esa barrera se ha debilitado: el crimen organizado deja de ser un actor marginal para integrarse en la vida politica, financiando, intimidando y en muchos casos dirigiendo procesos publicos. Ya no cabe limitarse a hablar de corrupcion institucional; estas organizaciones participan activamente en la politica: votan, imponen decisiones y gobiernan.
En Colombia, las recientes elecciones internas del partido gobernante evidenciaron esta dinamica: en municipios controlados por grupos armados ilegales la participacion electoral crecio de forma anomala, llegando hasta un 30 % del padron en algunos lugares, y multiplicandose por mas de cien en zonas donde antes predominaba el abstencionismo. No se trato de coincidencias: son territorios dominados por el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales que sustituyen al Estado y condicionan quien puede votar. Alli, el sufragio se ejerce bajo coaccion, con recursos ilicitos y silencio forzado.
Mexico presenta un problema paralelo. El Instituto Nacional Electoral ha identificado mas de 14.000 zonas de riesgo en las que la violencia ligada al narcotrafico impide garantizar comicios libres y seguros; en los ultimos procesos, alrededor del 30 % de los circuitos estuvieron comprometidos. No son interferencias aisladas, sino la captura sistematica de espacios de poder por organizaciones que funcionan como Estados paralelos. En algunas regiones, incluso la administracion de justicia se ve afectada: se convocan consultas con baja participacion para elegir autoridades locales y candidatos vinculados al crimen terminan imponiendo decisiones judiciales.
Cuando la intimidacion no alcanza, se recurre al asesinato. El homicidio del dirigente ecuatoriano Fernando Villavicencio, tras denunciar presuntos vinculos entre politicos y mafias, mostro hasta que punto el crimen puede condicionar la vida publica. En Mexico, decenas de candidatos locales han sido asesinados en los ultimos anos. El efecto es claro: quienes no se someten corren el riesgo de ser eliminados o desplazados.
En Venezuela este modelo se ha expresado de forma particularmente intensa: el Estado ha sido permeado por redes de corrupcion, narcotrafico y alianzas transnacionales que han convertido instituciones en instrumentos de beneficio ilicito. El regimen funciona, en la practica, como una estructura politico-criminal que exporta no solo personas y propaganda, sino tambien metodos: captura institucional, manipulacion electoral, represion y control territorial mediante mafias y grupos armados.
El fenomeno trasciende fronteras. Las redes del crimen organizado latinoamericano operan hoy en Europa, Estados Unidos y Canada, trasladando dinero, drogas, armas y personas. Lo que sucede en ciudades como Culiacan, Tumaco o Maracaibo tiene repercusiones internacionales: las practicas de captura y control se replican y generan efectos globales.
Las principales victimas son las poblaciones locales: millones de desplazados y migrantes que huyen no solo de la pobreza o la represion politica, sino del poder armado que gobierna sus territorios. Ademas de perder acceso efectivo al voto, pierden condiciones basicas para vivir con dignidad y sin temor.
No se trata simplemente de democracias imperfectas, sino de una forma de autoritarismo criminal en la que las urnas a veces encubren violencia y las instituciones quedan subordinadas al delito. Mientras no exista una respuesta coordinada y sostenida, estas organizaciones seguiran participando en procesos electorales y ocupando espacios de poder. Es necesario reconocer que el crimen organizado es, ademas de un problema de seguridad, un desafio politico, moral y civilizatorio prioritario en Hispanoamerica.
