El Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirma que la vacunación es obligatoria y gratuita en todo el país, en un contexto de preocupación por la caída de las coberturas y la difusión creciente de desinformación sobre las vacunas.
La declaración contó con el respaldo de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y subraya que la política de inmunización es indispensable como herramienta de salud pública.
El documento, titulado “Las vacunas son seguras y salvan vidas” y difundido por el presidente Javier Milei, destaca la “responsabilidad compartida” entre la Nación —encargada de comprar y distribuir las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, responsables de su aplicación local.
El comunicado recuerda que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son piezas clave para la salud; cada una cuenta con evidencia de uso seguro, respaldo científico y ha demostrado eficacia para prevenir enfermedades graves y salvar vidas.
Antes de incorporarse al calendario obligatorio, las vacunas pasan por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su administración debe respetar los esquemas establecidos en la infancia y priorizar a las poblaciones de riesgo identificadas.
También se enfatiza la necesidad de seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que asesora al Ministerio de Salud de la Nación y a los ministerios provinciales. El comunicado apunta que la vacunación efectiva es una responsabilidad compartida entre las autoridades, los trabajadores de la salud y la comunidad.
Completar los esquemas de vacunación es imprescindible para evitar enfermedades graves y muertes prevenibles. La interrupción de la aplicación sistemática puede provocar el rebrote de patologías ya controladas; no aplicar las vacunas del calendario implica riesgos innecesarios para la salud pública.
La difusión del comunicado se produjo después de un acto antivacunas promovido públicamente por la diputada del PRO Marilú Quiroz, en el que se cuestionó la campaña contra el COVID-19 y se expusieron argumentos sin respaldo científico, entre ellos la exhibición de un hombre que, según los organizadores, intentó mostrar supuestos efectos de “magnetismo” atribuibles a la vacuna.
El evento generó rechazo entre representantes del ámbito científico y sanitario, preocupados por el posible impacto de ese tipo de mensajes en la salud pública. En ese contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, difundió un mensaje de defensa de la vacunación.
Reclamo de exclusión del comunicado
El nuevo comunicado forma parte de una estrategia para reforzar la confianza en la inmunización con apoyo multipartidario y federal, pero la metodología empleada generó malestar en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito opositor.
El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, dijo sentirse “marginado” por la Casa Rosada respecto del mensaje. El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, afirmó que la provincia apoya la vacunación pero fue excluida del comunicado y exigió además el abastecimiento de dosis, planes de implementación e inversión en difusión y promoción. Formosa fue la otra provincia peronista que tampoco fue incluida en la comunicación.
La respuesta institucional se da en un marco de creciente desinformación sobre la eficacia y los efectos de las vacunas, una tendencia que se ha intensificado globalmente en la última década y que en Argentina cobró fuerza desde la pandemia de COVID-19.
El impacto de las redes sociales y de la desinformación ya muestra efectos concretos: en 2024 menos de la mitad de los niños de 5 a 6 años recibió las vacunas correspondientes para iniciar la primaria, y hubo una caída del 10% en las vacunas que deben aplicarse a los 11 años, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Estos descensos ponen en riesgo la estrategia sanitaria frente a poblaciones vulnerables y la reaparición de enfermedades que se creían controladas. Para el sarampión, por ejemplo, se requiere al menos un 95% de cobertura. Argentina no registra casos confirmados desde el brote que finalizó a fines de junio de 2025, pero la circulación sostenida del virus en otros países del continente provocó la pérdida del estatus de región libre de transmisión endémica.
