La semana pasada, la Policía Federal ejecutó más de 40 órdenes de presentación en droguerías, sanatorios y clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe para recuperar fentanilo contaminado de la empresa HLB Pharma, vinculado a 173 muertes. Las fuerzas incautaron más de 82.000 ampollas de dos lotes, en una investigación dirigida por el juez Ernesto Kreplak. Ese hallazgo pone en evidencia otro problema: en Argentina el fentanilo que se trafica ilegalmente suele provenir de instituciones médicas como droguerías, sanatorios y clínicas.
Ese fentanilo de procedencia clandestina es el mismo de uso médico que habitualmente suministran anestesistas en centros de salud, una sustancia de grado farmacéutico sujeta a controles estrictos. No obstante, existe una red que sustrae ampollas para revenderlas a menor precio a centros de estética y consultorios oftalmológicos, mediante contactos por WhatsApp y envíos ocultos en encomiendas que circulan por transporte interurbano. Según las investigaciones hasta ahora, esos compradores no serían consumidores habituales; el riesgo principal es que el fentanilo se aplique sin controles sanitarios y con fines de reducir costos.
En la causa hay una lista de personas implicadas.
A fines de agosto, la jueza federal María Verónica Skanata procesó en Posadas (Misiones) a Gerónimo Enrique Laje, Juan Carlos Gibilisco, Martín Hernán Alarcón, Magdalena Elizabeth Núñez y Natalia Soledad Butera, tras una pesquisa del fiscal coadyuvante Martín Uriona (PROCUNAR) junto a la fiscal Silvana Gutiérrez.
La jueza los imputó por integrar una asociación ilícita dedicada al transporte agravado de estupefacientes. Núñez y Butera obtuvieron arresto domiciliario; los demás fueron enviados a establecimientos penitenciarios bajo prisión preventiva. Todos se negaron a declarar en sus indagatorias.
La PROCUNAR halló información relevante en pericias a los teléfonos de los acusados. El 9 de marzo de 2023, Alarcón recibió un mensaje de uno de sus proveedores habituales, registrado como “Fede”, que ofrecía 200 ampollas de HLB Pharma. En la causa también surgieron ofertas de ampollas de otros cuatro laboratorios argentinos.
El juez Kreplak investigó ese dato en el marco de la causa por las muertes por fármaco contaminado y determinó que el fentanilo mencionado en el chat no correspondía a los dos lotes relacionados con las muertes; fue producido por una empresa vinculada al clan Furfaro entre 2021 y 2022, al menos un año antes de los lotes fatales.
Alarcón, de 44 años y porteño, declaró ante la Justicia ser visitador médico y comerciante, ligado a una empresa familiar de insumos médicos. En un chat de septiembre de 2024 dijo: “Yo vendo en estética y clínicas de oftalmología”. Los investigadores sospechan que comercializaba propofol, remifentanilo y otras sustancias controladas; también se detectó morfina.
Las conversaciones rastreadas son anteriores. En un chat atribuido a Alarcón de junio de 2021 escribió: “¿A qué hora te mando la moto? Decime, ¿a qué precio pagas el fentanilo? Así cotejo a ver si puedo mejorar”. En otra conversación de 2022 ofreció remifentanilo: “Si lo consigo, creo que tengo unas doscientos dando vuelta, pero el flaco ahora no me contesta; el lunes te digo a primeras horas”.
Natalia Soledad Butera, según el expediente, es la pareja de Alarcón. En una conversación de 2021 le pide: “Pará Sole, mostrame la caja, porque si entra todo en una caja, vas en una embaladora ahí de Urquiza, lo embalas y no se ve nada lo que llevas, mostrame, frená”, antes de despachar una encomienda por expreso en micro. Los destinatarios de ese envío habrían sido Magdalena Núñez y Gustavo Gallardo, según el pedido de procesamiento de PROCUNAR y la fiscal Gutiérrez.
El resto de la banda
Núñez y Juan Carlos Gibilisco, ambos comerciantes y vecinos de Posadas, aparecen en la acusación como quienes tenían mayor poder de decisión en las maniobras y percibían mayores ganancias. Según los fiscales, se encargaban de conseguir en cantidad las sustancias desviadas y de coordinar al resto de los integrantes, en especial con Gustavo Eloy Gallardo, para facilitar la comercialización ilegal a cambio de dinero.
Gallardo, domiciliado en San Salvador de Jujuy y odontólogo según sus declaraciones, actuaba como intermediario en la adquisición y distribución de esas sustancias, y remitía parte de las ganancias a Gibilisco y a Núñez, según la acusación.
La cadena culminaba con Alarcón y su pareja, que supuestamente recibían los envíos a través de Laje, un intermediario registrado como electricista. La ANMAT informó a los investigadores que ninguno de los sospechosos contaba con la autorización o registración necesaria para comercializar ampollas farmacéuticas, según consta en el expediente.
El hospital y el agujero negro
El caso se inició el 14 de abril de 2023 cuando, en un control a un micro que circulaba por la Ruta Provincial 12, Gendarmería inspeccionó una encomienda enviada desde Misiones a uno de los imputados en Buenos Aires. Un escáner reveló 500 ampollas de fentanilo, en líquido o en polvo (citrato), con etiquetas de tres laboratorios argentinos.
La caja llevaba además una fotocopia del DNI de Laje; el destinatario era Alarcón. La PROCUNAR determinó que Laje remitió 14 encomiendas a lo largo del tiempo: al menos cuatro destinadas al empresario porteño y el resto a otros dos sospechosos en Córdoba y Salta.
Las pesquisas permitieron rastrear el origen de las ampollas a las farmacias de dos hospitales de Posadas: el Doctor Ramón Madariaga y Nuestra Señora de Fátima. PROCUNAR solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad en ambos centros con las órdenes correspondientes.
El expediente, cuya situación procesal se analiza en la Cámara de Misiones, pone en evidencia otro problema: un “agujero negro” de miles de ampollas de fentanilo que circulan sin control en el país.
Ese agujero podría ser aún mayor. En la instrucción por las 173 muertes vinculadas al fármaco de HLB Pharma, el juez Kreplak detectó la desaparición de cinco kilos de citrato de fentanilo, precursor con capacidad teórica para producir diez millones de ampollas.
El laboratorio afirmó que esos cinco kilos, importados desde Asia, fueron destruidos tras su vencimiento; el juez Kreplak manifiesta reservas sobre esa versión.
