Las autoridades talibanes en Afganistán ejecutaron este martes castigos corporales en Kabul: cuatro personas fueron flageladas públicamente tras ser condenadas por adulterio, según confirmó el Tribunal Supremo afgano.
En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el máximo órgano judicial informó que “cuatro personas, incluidas dos mujeres, acusadas de adulterio, han sido condenadas a penas de prisión de entre uno y dos años y a entre 25 y 30 latigazos”. Las sanciones se aplicaron después de que las sentencias fueran ratificadas por el propio Tribunal Supremo.
El hecho ocurrió un día después de otra flagelación pública en la capital. El lunes, las autoridades talibanes azotaron en público a once personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el alcohol.
En ese caso, el Tribunal Supremo indicó que los acusados habían sido sentenciados por “contrabando y venta de pastillas intoxicantes (…) y metanfetamina, bebidas alcohólicas y hachís”. Según el organismo, las penas de prisión oscilan entre siete meses y tres años, y cada condenado recibió entre 10 y 39 latigazos.
Las flagelaciones públicas forman parte del endurecimiento del sistema judicial impuesto por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021, una política que ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la comunidad internacional y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En ese sentido, Naciones Unidas ha criticado reiteradamente a las autoridades de facto por la aplicación de castigos corporales y ejecuciones públicas, y ha reclamado la imposición de una moratoria como primer paso hacia la abolición de este tipo de penas.
Un informe reciente del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, advierte que la inmensa mayoría de las personas castigadas bajo el régimen talibán son hombres (81 %), sancionados por delitos como robo, tráfico de drogas, venta de alcohol, asesinato y otros “actos inmorales” no especificados. No obstante, el documento subraya que mujeres y niñas son castigadas principalmente por presuntos “delitos morales”, entre ellos el adulterio y la huida del hogar.
Bennett alertó además que las ejecuciones y flagelaciones públicas “suelen llevarse a cabo en lugares como plazas, estadios y mercados” y que, en muchos casos, las autoridades obligan a los residentes locales a presenciar los castigos como parte de una estrategia para “infundir miedo y reforzar el dominio talibán”.
Según el informe, los funcionarios de facto “prohíben que se hagan filmaciones y confiscan sistemáticamente los teléfonos móviles”, con el objetivo de impedir la difusión de pruebas visuales y limitar el escrutinio público e internacional.
Paralelamente, una investigación citada por el medio británico The Guardian señaló que más de 1.000 personas —al menos 200 de ellas mujeres— fueron sometidas a flagelaciones públicas desde el regreso de los talibanes al poder hace cuatro años, si bien advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Entre las personas castigadas figuran mujeres acusadas de los llamados “crímenes morales”, una categoría amplia que abarca desde salir de sus hogares sin la compañía de un familiar varón cercano que actúe como mahram (tutor o guardián) hasta ser vistas conversando con hombres con los que no tienen parentesco.
(Con información de Europa Press)
