He consultado a diversas fuentes en Washington para intentar prever el alcance y el tono del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La opinión predominante entre quienes entrevisté es que el resultado y el ambiente de la reunión son difíciles de prever.
Lograr esta cita se interpreta como un éxito diplomático para Colombia y, en particular, para la gestión del embajador Daniel García Peña en Washington.
La relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica. Durante los tres años y medio de administración de Petro, esa relación se tensó, incluso con declaraciones públicas en las que pidió a militares estadounidenses desobedecer órdenes de su gobierno. Por ello resulta relevante preguntarse qué motivó su giro de postura antes de concluir su mandato.
Una razón clara es que Petro busca reducir el riesgo de ser objeto de sanciones o acciones legales una vez deje el poder: perdió la visa y figura en la llamada “lista Clinton”; además, sus vínculos con actores de la región como Chávez y Maduro podrían ser objeto de investigación. Ese contexto explica un cambio pragmático en su posición.
En el caso de Trump y su equipo, la decisión de aceptar la reunión también obedece al pragmatismo: perciben a Petro en una situación de vulnerabilidad y consideran que pueden lograr que Colombia colabore en dos asuntos prioritarios para Estados Unidos: el narcotráfico y la crisis en Venezuela.
Con ese marco, las expectativas sobre resultados son distintas para cada parte. Petro busca, en términos generales, protegerse frente a sanciones y posibles procesos futuros. Estados Unidos aspira a un objetivo más amplio: contribuir a la remoción de Maduro, promover estabilidad en Venezuela y controlar los flujos ilícitos de drogas hacia y desde Colombia.
Quien escribe ha asistido a reuniones con Donald Trump en distintas ocasiones y destaca su estilo directo: es un interlocutor carismático y pragmático que busca información en cada encuentro y deja clara su prioridad y su interés.
Es previsible que la conversación presione a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, un área en la que las cifras oficiales muestran aumentos significativos: según datos citados, las hectáreas de coca pasaron de 200.000 a 300.000 y las toneladas métricas de cocaína exportada de 1.600 a 2.700. Ese contexto alimenta la demanda estadounidense de medidas concretas.
Entre las peticiones esperables figuran la reanudación de extradiciones de capos (actualmente paralizadas), la reintroducción de fumigaciones con glifosato y la erradicación forzosa, políticas que el gobierno actual canceló. Las extradiciones son una medida cuantificable; el resto genera mayor complejidad política y operativa, por lo que podrían quedar en compromisos formales sin ejecución inmediata. También hay referencia a cambios previos de política —por ejemplo, el acuerdo de Juan Manuel Santos con las Farc— y sus efectos en la lucha contra las drogas.
Otro asunto relevante es la presencia de grupos armados y su relación con territorios fronterizos. Si pierden refugio en Venezuela, estos actores podrían intentar desestabilizar regiones colombianas. Hay menciones a movimientos recientes de líderes y a la presencia de las disidencias de las Farc y del ELN en Venezuela.
En ese escenario, Petro podría comprometerse a modificar aspectos de su política de “Paz total” y a restablecer controles en las denominadas zonas de distensión, donde se ha documentado actividad criminal. Sin embargo, la capacidad operativa y de inteligencia de las Fuerzas Militares ha enfrentado reducciones y desafíos que podrían limitar cambios rápidos; se mencionan estimaciones sobre disminución de personal.
Un tercer eje de la conversación anticipada es el impacto en las próximas elecciones en Colombia (marzo y mayo). Se plantea la posibilidad de intentos de influencia desde el gobierno saliente: mediante decisiones presupuestales o subsidios que favorezcan a su candidato —mencionado como Iván Cepeda— y a través de la acción u omisión frente a la actividad de grupos criminales en regiones clave, incluida la coacción o compra de votos.
Ante ello, varios interlocutores consideran que Estados Unidos debería dejar claro qué consecuencias tendría el incumplimiento de las indicaciones sobre conducta electoral. La experiencia con Venezuela se invoca como ejemplo de las consecuencias políticas de permitir la erosión de normas democráticas; ese mismo mensaje se dirige, según las fuentes, a otros actores regionales.
También existe interés por la visibilidad pública del encuentro: una conferencia de prensa conjunta de Trump y Petro tendría un alto impacto simbólico y político, similar a otros eventos internacionales recientes.
Un aspecto positivo que señalan observadores es que la reunión podría facilitar la reapertura de canales de cooperación entre el próximo gobierno colombiano y Estados Unidos, en una dinámica comparable a la que existió durante el Plan Colombia.
En resumen, las fuentes consultadas atribuyen a la iniciativa de Trump y al contexto regional la oportunidad de diálogo que Petro aceptó. Habrá que esperar los acuerdos concretos; por ahora, el seguimiento de los próximos pasos será determinante.
