Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Alberto Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015, el fiscal federal Carlos Rívolo reiteró su posición de que la muerte del ex titular de la UFI AMIA fue un homicidio y no un suicidio, apoyándose en la evidencia técnica acumulada en la causa a lo largo de los años.
En una entrevista con Radio Rivadavia, Rívolo señaló que las pruebas científicas del expediente no permiten otras interpretaciones sobre la mecánica del hecho. La investigación del hecho ocurrido en las torres Le Parc de Puerto Madero está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini.
El titular de la Fiscalía No 2 de Comodoro Py destacó la relevancia de una pericia realizada por Gendarmería Nacional en 2016, en la que participaron peritos de todas las partes involucradas en el proceso.
Al referirse a ese informe forense, el fiscal citó su conclusión de manera categórica: “Alberto Nisman fue contundentemente asesinado”. Explicó que, pese a que al principio hubo discusiones técnicas internas sobre las causales de muerte, el trabajo pericial resolvió el debate al descartar la intervención voluntaria de la víctima en su propio fallecimiento.
Durante la charla también se evocó el clima de hostilidad que rodeó el hallazgo del cuerpo y la forma en que la figura de Nisman fue tratada por el poder político de entonces.
Rívolo indicó que la agresión no se limitó al hecho físico sino que incluyó ataques a la reputación del fiscal. Señaló que resultó notable, incluso entre sus colegas, el grado de cuestionamiento personal que sufrió Nisman tras su muerte.
Según Rívolo, esa situación causó un fuerte impacto entre los magistrados y se percibió la ausencia de gestos institucionales por parte del Poder Ejecutivo, como decretar un día de luto o izar la bandera a media asta.
El fiscal recordó la denominada “marcha de los paraguas”, la movilización ciudadana bajo la lluvia que reclamó justicia por Nisman, y señaló que inicialmente la iniciativa nació de la sociedad y luego fue acompañada por investigadores.
Rememoró además una reunión en el despacho de Guillermo Marijuán, con Eduardo Taiano y Carlos Stornelli, en la que se decidió asistir a la marcha: “Fue un debate, pero extremadamente corto en si íbamos o no íbamos y dijimos, ‘Sí, tenemos que estar presentes’”. Ese apoyo contó con la participación de juristas de Estados Unidos y otras naciones y contribuyó a la creación de la Federación Latinoamericana de Fiscales.
La conversación abordó también la inseguridad que enfrentan los operadores judiciales en la región, citando casos como el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Rívolo afirmó que la región atraviesa un conflicto importante en relación con la violencia institucional dirigida contra el poder judicial y, en particular, contra los fiscales.
Esta realidad, observó, puso de relieve la necesidad de fortalecer los organismos de investigación para proteger a quienes persiguen el crimen organizado y la corrupción estatal.
Otro punto central de sus declaraciones fue la conveniencia de que las fuerzas encargadas de las pesquisas dependan funcionalmente de los fiscales y no del gobierno de turno. Rívolo argumentó que la subordinación al poder político puede dificultar la búsqueda de la verdad y afectar la colaboración de las fuerzas en el esclarecimiento de hechos según el gobierno de turno.
Para el fiscal, esa autonomía es esencial para evitar la contaminación de la escena del crimen y garantizar la imparcialidad en causas sensibles.
Respecto al estado actual de la investigación, Rívolo reconoció la complejidad que enfrentan el juez Ercolini y el fiscal Taiano para identificar a los responsables materiales e intelectuales. Describió la pesquisa como un trabajo arduo de desmantelamiento de maniobras de encubrimiento: “Son capas y capas que vos tenés que ir realmente limando para llegar al menos a la verdad”.
A pesar de las dificultades y el paso del tiempo, sostuvo que el equipo judicial mantiene un esfuerzo cotidiano para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Finalmente, Rívolo reflexionó sobre el impacto histórico del caso en la Argentina, calificando la muerte de Nisman como un suceso traumático que “marcó un quiebre en la historia democrática de la República Argentina”.
