Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró irregularidades graves en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar casi 6.000 km de rutas nacionales. El informe señala pérdidas significativas en 2022, debilidades en los controles internos y una estructura sobredimensionada, hechos que motivaron la intervención administrativa y una investigación judicial.
Ante esos hallazgos, el Gobierno dispuso la intervención de la sociedad y promovió la privatización total de sus corredores, un proceso que prevé la transferencia de la operación a privados y la eventual disolución de la empresa.
Una empresa deficitaria
Corredores Viales S.A. se creó en 2017 por el Decreto 794/17 como una entidad paralela a la Dirección Nacional de Vialidad, con la finalidad de administrar corredores bajo el sistema de peajes. Con el tiempo, los informes oficiales describen a la compañía como costosa, opaca y con problemas de sostenibilidad.
Según el Informe de Situación Empresaria (aprobado en septiembre de 2023), la empresa administra aproximadamente 5.900 km de rutas y cerró 2022 con 4.097 empleados. Su capital social está dividido entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).
Números en rojo
El resultado económico de 2022 fue una pérdida neta de $30.047.931.000, más del doble del déficit de 2021 ($12.852 millones). Aunque el tráfico en las 42 estaciones de peaje aumentó 17,2% interanual, hasta casi 196 millones de vehículos, los ingresos por peajes se redujeron un 7%, en parte por el atraso tarifario.
El margen bruto sobre ventas fue negativo en 49%, lo que indica que los costos operativos superaron claramente los ingresos. Para sostener la operación, el Tesoro Nacional transfirió $14.619 millones durante 2022, destinados a gastos corrientes y obras de capital.
Irregularidades y falta de control
La SIGEN detectó debilidades en el sistema de control interno en al menos siete auditorías, con fallos en los procesos de compras y contrataciones, recaudación, pagos, gestión de recursos humanos, tecnología, inventario de activos y viáticos. Uno de esos informes motivó la intervención del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N.o 12, a cargo del juez Ariel Lijo, que investiga presuntas maniobras irregulares.
También se registraron erogaciones por más de $128 millones vinculadas a la anterior concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial, y se identificaron demoras en la modernización del sistema de peajes, parcialmente atribuidas a restricciones para la importación de equipos.
“Una empresa cara e ineficiente”
Organismos de defensa del usuario vial han calificado a la empresa como costosa e ineficiente, señalaron la mala condición de gran parte de la red (estimada en torno al 70%), la opacidad en la gestión y una planta de personal sin funciones claras y sobredimensionada. Propusieron retomar prácticas anteriores de Vialidad Nacional, financiadas por recursos del impuesto a los combustibles, y critican un esquema de peajes que no garantiza mantenimiento efectivo de las rutas.
Intervención y privatización
En abril de 2025, el presidente Javier Milei ordenó la intervención de Corredores Viales y nombró a Anastasia María Adem para conducir auditorías integrales, evaluar el estado financiero y operativo y relevar los corredores viales. Previamente, el 17 de febrero de 2025, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para la privatización total de la empresa.
El proceso prevé adjudicar a privados las rutas que hoy opera la estatal mediante contratos de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley de Concesión de Obra Pública 17.520 y las disposiciones de la Ley de Reforma del Estado que declararon a CVSA “sujeta a privatización”. El Ministerio de Economía, con apoyo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, debe implementar las medidas necesarias.
El plan contempla la extinción de contratos vigentes, la concesión de más de 6.000 km de rutas mediante licitaciones en la plataforma CONTRAT.AR y, finalmente, la disolución de la empresa. Los objetivos oficiales son reducir la presencia estatal, atraer inversión privada, mejorar la red vial y generar un ahorro fiscal. Se prevé una segunda etapa de licitaciones para este año.
Mientras tanto, Corredores Viales permanece intervenida y bajo investigación judicial, y su situación se presenta como ejemplo de una gestión que dejó pérdidas millonarias, rutas deterioradas y problemas administrativos que el Gobierno busca resolver mediante la privatización.
