La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la ciudadana argentina que había sido detenida en Río de Janeiro por un presunto delito de injuria racial. El arresto se produjo 48 horas después de que el Ministerio Público de la ciudad solicitara su prisión preventiva, pese a que la mujer permanecía en un departamento y con una tobillera electrónica. Tras una queja presentada por su equipo de defensa, la decisión de detención fue revocada.
Según informó su abogado, Sebastián Robles, Páez, de 29 años, fue liberada cerca de las 16:30 (hora argentina) tras haber permanecido en una comisaría desde el mediodía.
Previamente, la Justicia brasileña había rechazado un habeas corpus en el que se solicitaba autorización para que Páez pudiera regresar a Argentina y continuar el proceso desde su país de origen.
El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no admite fianza. Desde el 14 de enero, Páez tiene prohibido salir del país: en distintos momentos le retuvieron el pasaporte, le colocaron una tobillera electrónica y, aunque el documento le fue devuelto, la prohibición de salida sigue vigente.
El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso.
La situación personal de Páez se complicó tras un incidente en la residencia donde se alojaba: tres personas ingresaron al departamento, por lo que decidió mudarse por seguridad. Su familia expresó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla ante las amenazas recibidas y el aumento de la tensión. Su padre, Mariano Páez, manifestó a la prensa que la joven está “aterrada” y relató que ella le dijo: “Papi, me quieren matar aquí”.
La Embajada de la República Argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aunque no intervenirá directamente en el procedimiento judicial.
La reacción de la argentina al pedido de prisión
El pedido de prisión preventiva sorprendió y angustió a Páez. Al enterarse de la solicitud, contactó a su abogado entre lágrimas en busca de contención y explicaciones; fuentes cercanas señalaron que estaba triste y preocupada por la posible resolución judicial.
La acusación de “injuria racial” se basa en comentarios y gestos racistas que, según la denuncia, la mujer hizo a empleados de un restaurante en Río de Janeiro, adonde había ido de vacaciones con amigas. Como medida cautelar se le impuso la prohibición de abandonar el país y se le colocó una tobillera electrónica; más tarde fue detenida.
En defensa de Páez se presentó un habeas corpus solicitando que se le permitiera retornar a Argentina y continuar el proceso desde allí. Antes de que esa petición fuera resuelta, el Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó su detención preventiva.
En el escrito, las autoridades sostuvieron que, aunque se habían aplicado medidas cautelares distintas a la prisión, incluida la vigilancia electrónica, esas medidas no habían demostrado ser suficientes para neutralizar el “peligro procesal” que alegan existir.
El entorno de la turista calificó como desproporcionado el pedido de detención y cuestionó por qué no se había solicitado al inicio de la causa si la preocupación por una posible fuga ya existía entonces.
El abogado defensor considera que el delito imputado tiene una fuerte carga simbólica en la sociedad brasileña y que el caso podría estar siendo utilizado como ejemplificador, lo que explicaría la intención de endurecer la respuesta penal.
Robles argumentó que Páez se sometió al debido proceso, cumple con la tobillera y tiene prohibición de salida del país, por lo que “no existen los peligros procesales” que justificarían la prisión preventiva. Añadió que, si no hubo violación de las medidas en los primeros días, no hay motivos para agravar la situación y que hacerlo equivaldría a una pena anticipada que podría implicar violaciones a derechos reconocidos internacionalmente.
