Las autoridades iraníes detuvieron este domingo a tres destacadas figuras reformistas, entre ellas Azar Mansouri, presidenta de la coalición Frente Reformista de Irán, informó la agencia Fars. Los arrestos de Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh y Mohsen Aminzadeh suponen una escalada en la represión del régimen contra la oposición política moderada, ocurrida pocas semanas después de las masivas protestas de enero que dejaron miles de muertos.
Fars, ligada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, señaló que las instituciones de seguridad y judiciales arrestaron a los tres dirigentes por cargos que incluyen “atentar contra la unidad nacional, posicionarse contra la Constitución, coordinación con la propaganda enemiga, promoción de la rendición, desvío de grupos políticos y creación de mecanismos subversivos secretos”. La formulación de los cargos reproduce la retórica habitual del régimen para criminalizar el disenso político.
La detención de Mansouri resulta especialmente relevante. Activista por los derechos de las mujeres desde los años noventa y secretaria general del Partido Unión del Pueblo Islámico de Irán, asumió la presidencia del Frente Reformista en julio de 2023. El 26 de enero declaró públicamente su “disgusto y rabia” contra quienes “arrastraron despiadadamente a la juventud de esta tierra al polvo y la sangre”, en alusión a las matanzas de manifestantes durante las protestas, desafiando la narrativa oficial.
Ebrahim Asgharzadeh fue legislador entre 1988 y 1992 y miembro del primer consejo municipal de Teherán entre 1999 y 2003; el Consejo de Guardianes lo inhabilitó políticamente por sus posturas reformistas. En 2019 expresó su arrepentimiento por el secuestro de diplomáticos estadounidenses, calificándolo de error histórico.
Mohsen Aminzadeh completa el trío de detenidos. Viceministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia reformista de Mohammad Jatamí (1997–2005) y uno de los fundadores del Frente de Participación de Irán Islámico, fue arrestado anteriormente en 2009 tras las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad y condenado a seis años de prisión por “conspirar para perturbar la seguridad” y “difundir propaganda” contra la República Islámica.
Los arrestos se producen en un contexto de alta tensión política. Las protestas que estallaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el colapso económico y la fuerte depreciación del rial, se convirtieron en un levantamiento antirrégimen de gran magnitud. La represión por parte de las fuerzas de seguridad derivó en masacres que, según distintos reportes, dejaron más de 6.000 muertos.
En enero, el Frente Reformista intentó emitir un comunicado exigiendo la renuncia del líder supremo Ali Khamenei y la transferencia del poder a un “consejo de transición”, según Iran International. No obstante, las fuerzas de seguridad formularon “amenazas contundentes” contra los líderes de la coalición y advirtieron sobre detenciones masivas, lo que llevó a retirar el comunicado; las detenciones de Mansouri, Asgharzadeh y Aminzadeh podrían ser la materialización de esas advertencias.
La estrategia represiva del régimen ha sido amplia. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó que más de 40.000 personas habían sido arrestadas hasta finales de enero. El jefe del poder judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, afirmó que el trabajo de la justicia sobre “los acontecimientos recientes apenas ha comenzado” y advirtió que los juicios serían expedidos para servir de “elemento disuasorio”. Varios manifestantes ya han recibido condenas a muerte bajo la acusación de moharebeh, “guerra contra Dios”, cargo que conlleva pena capital.
El movimiento reformista iraní, surgido tras la elección de Mohammad Jatamí en 1997, trató durante décadas de transformar el sistema desde dentro mediante reformas graduales, pero ahora enfrenta una crisis de legitimidad tras las masacres de enero. Figuras reformistas que permanecían bajo arresto domiciliario desde 2009, como el expresidente Mir Hosein Musaví y el clérigo Mehdi Karubí, calificaron las matanzas de “catástrofe” y afirmaron que “el juego ha terminado” para el régimen. Musaví exigió que las fuerzas de seguridad “depongan sus armas y se aparten del poder” para permitir una transición democrática.
