El Gobierno anunciará el llamado a licitación pública, de alcance nacional e internacional, para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II — Fase B de la Red Federal de Concesiones, un programa que incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó el alcance territorial, los corredores involucrados y el modelo de gestión a través de una publicación en la red social X.
Según el comunicado, la Etapa II-B comprende trazas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, organizadas en cuatro tramos. “Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones”, afirmó Caputo.
El esquema incluye el tramo Mediterráneo (672 km), que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano (720 km), concebido como corredor interprovincial para transporte de cargas de larga distancia; el tramo Portuario Sur (637 km), que vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte (528 km), orientado a mejorar la conexión con polos industriales y portuarios del centro del país.
Las obras abarcarán las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. El ministro sostuvo que el proyecto busca reemplazar un modelo deficitario por uno “sin subsidios”, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial.
El alcance de la Etapa II
La licitación de la fase B forma parte de la reorganización del sistema de concesiones viales impulsada por el Gobierno tras el lanzamiento de la Red Federal de Concesiones, que promueve la participación privada en la operación y el mantenimiento de corredores estratégicos. En conjunto, la Etapa II contempla la concesión de miles de kilómetros de rutas con foco en logística, transporte de cargas y conectividad productiva.
En julio de 2025, el Ejecutivo había señalado que preparaba una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales como parte de la segunda etapa del programa. Entonces, se explicó que la meta era mejorar la infraestructura vial sin subsidios estatales, mediante contratos a largo plazo y condiciones claras para los operadores privados.
La fase B anunciada ahora amplía ese plan, incorporando corredores que conectan zonas productivas, accesos portuarios y rutas clave para el transporte de cargas de larga distancia.
Características del llamado a licitación
Caputo subrayó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema “sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial. Señaló que la iniciativa busca modernizar la infraestructura, fomentar la inversión privada y preservar los recursos públicos.
El llamado será de alcance nacional e internacional, permitiendo la participación de empresas locales y extranjeras. El proceso se regirá por las normas vigentes para concesiones de obra pública y servicios, y los pliegos establecerán las condiciones técnicas, económicas y contractuales para los operadores.
Con esta convocatoria, el Gobierno pretende dar continuidad al esquema de concesiones iniciado en 2025, ampliar la Red Federal de Concesiones y sumar tramos estratégicos para el transporte y la logística. Los plazos, requisitos para oferentes y condiciones contractuales se difundirán con la publicación formal del llamado.
La experiencia de la Etapa I
El avance hacia la Etapa II se apoya en los resultados de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que incluyó corredores clave del Mercosur. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía abrió los sobres económicos de la primera etapa, marcando el inicio formal del nuevo esquema concesionario.
Esa etapa comprendió rutas relevantes para el comercio regional y el tránsito internacional, con énfasis en corredores utilizados para el intercambio con Brasil, Uruguay y Paraguay. El Gobierno destacó que el modelo separa la planificación y el control estatal de la operación privada, mediante contratos que fijan obligaciones de inversión, mantenimiento y niveles de servicio.
