Hezbollah rechazó de forma categórica el plazo de cuatro meses que el Gobierno libanés dio al Ejército para avanzar en el desarme de grupos armados en el sur del Líbano. El gabinete busca concentrar las armas bajo control estatal, pero la milicia chií —respaldada por Irán— se opone firmemente, calificando la medida de errónea y beneficiosa para Israel.
En un discurso, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reiteró su rechazo y afirmó que el enfoque del Ejecutivo constituye un error que favorece los objetivos de la agresión israelí. Qassem defendió la permanencia de las capacidades militares del grupo como necesarias para la defensa frente a lo que describe como ocupación y amenazas continuas.
En agosto de 2025 el Gobierno encargó al Ejército la elaboración de un plan para poner las armas de todos los grupos armados bajo control estatal, una iniciativa dirigida principalmente a Hezbollah después de la guerra con Israel en 2024. El Ejército informó el mes pasado que completó la primera fase del plan, que abarcó la franja entre el río Litani y la frontera con Israel, unos 30 kilómetros al sur.
El jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, estimó que la segunda fase del plan requerirá entre cuatro y ocho meses. Esa etapa cubriría la zona entre los ríos Litani y Awali —aproximadamente 40 kilómetros al sur de Beirut— e incluiría la ciudad de Sidón. El ministro de Información, Paul Morcos, señaló que el plazo de cuatro meses podría prorrogarse según capacidades, ataques israelíes y obstáculos en el terreno.
El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah advirtió que el grupo no puede mostrarse indulgente con este asunto. La protesta se manifestó también cuando los ministros chiíes abandonaron una sesión del gabinete, evidenciando la profunda división política que genera el tema del desarme en el país.
Israel sostiene que el desarme de Hezbollah es una prioridad de seguridad nacional y considera que las armas del grupo fuera del control estatal representan una amenaza directa. Tel Aviv ha cuestionado la eficacia del proceso de desarme y acusa a Hezbollah de rearme más rápido de lo que el Ejército lo desmantela, argumento que ha usado para justificar ataques en territorio libanés.
El alto el fuego acordado en noviembre de 2024, tras trece meses de enfrentamientos que dejaron más de 3.800 muertos, estipuló la retirada de Hezbollah al norte del río Litani y la salida de las tropas israelíes del sur del Líbano. No obstante, Israel mantiene cinco posiciones en suelo libanés y ha realizado ataques casi diarios contra lo que califica infraestructura militar de Hezbollah, lo que ha llevado a acusaciones de incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno libanés y Naciones Unidas.
Las autoridades israelíes insisten en que cualquier plan de desarme debe aplicarse de manera completa y efectiva, especialmente en las zonas fronterizas, y advierten que continuarán adoptando medidas para impedir el rearme de actores hostiles en Líbano mientras persistan las amenazas transfronterizas.
El 5 de marzo está prevista una cumbre en París, organizada por Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita, para respaldar al Ejército libanés en el proceso de desarme. El Líbano, por su parte, afronta una crisis económica y política agravada por daños estimados en 11.000 millones de dólares como consecuencia de la guerra de 2024.
