Quinta de Olivos, miércoles por la mañana. Javier Milei se levantó, vio en su teléfono la confirmación de una decisión que ya circulaba entre empresarios industriales desde hacía meses: el anuncio del cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate. A pocas horas de la votación de la reforma laboral en Diputados, el Presidente advirtió que la noticia alteraría la agenda semanal y complicaría un contexto marcado por el paro nacional convocado por la CGT.
La repercusión del hecho activó desde temprano a los equipos de comunicación de la Casa Rosada. Emitieron un mensaje breve que orientaba la narrativa oficial: la crisis de Fate no era reciente, y su cierre se explicaba, según esa versión, por años de conflicto gremial —con SUTNA como uno de los sindicatos más combativos— y por las restricciones cambiarias que habrían agravado la situación.
“Lamentamos que la empresa haya llegado a una situación terminal, pero el Gobierno debe favorecer la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, sostuvieron fuentes oficiales, remarcando que la política macroeconómica del Ejecutivo no estaba en discusión.
Con el paso de las horas, la interpretación oficial se endureció. Consultado sobre el cierre, Milei negó la coincidencia y afirmó que no era casualidad. Además, desde el entorno presidencial se dirigieron duramente contra el presidente de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acusándolo de prácticas que el Gobierno calificó de incompatibles con la responsabilidad empresarial; la referencia siguió la misma línea de críticas que semanas atrás apuntaron a otros ejecutivos del círculo industrial.
Por coincidencia, Milei tenía agendada una reunión con Manuel Adorni a las 10 de la mañana, antes de viajar a Washington para participar en un foro. En ese encuentro analizaron el impacto del cierre y concluyeron que la medida habría sido deliberada y perjudicial para la narrativa del programa económico. Una de las resoluciones fue recurrir a la conciliación obligatoria como herramienta para intervenir en el conflicto.
La intención oficial no fue tanto resolver de inmediato la problemática del empleo como postergar el cierre efectivo para frustrar la liquidación de indemnizaciones ese mismo día: la conciliación obligatoria sumaría 15 días —con la posibilidad de prorrogar otros cinco— durante los cuales la empresa no podría finalizar los pagos a los 920 empleados afectados. Minutos después se instruyó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, notificara al directorio de Fate sobre la medida.
Qué se viene en la economía después de Fate, según el Gobierno
El caso de Fate aparece en un momento en el que se difunden cifras oficiales que alimentan el debate público. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que en noviembre el empleo asalariado registrado en el sector privado cayó 0,2% respecto al mes anterior, con una pérdida de 13.100 puestos. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo señaló además una reducción neta de 21.938 empresas con empleados respecto a diciembre de 2023.
En las altas esferas de la Casa Rosada reconocen la relevancia de esos datos, aunque en privado los interpretan como efectos previsibles de una transición hacia un nuevo régimen macroeconómico.
“En el modelo que impulsa el Gobierno, la apertura económica y la eliminación de regulaciones generan un choque competitivo que obliga a una reordenación: industrias menos competitivas pueden reducirse mientras otras se desarrollan”, explicó un funcionario cercano al equipo económico.
Milei hizo énfasis en 2023 en la urgencia de reducir la inflación, y ese objetivo fue central en su campaña y en la legitimación pública de su gobierno. La significativa desaceleración inflacionaria contribuyó a obtener apoyo en las elecciones legislativas, y el Ejecutivo sostiene que con un Congreso más alineado sería posible avanzar en reformas que potencien el crecimiento.
El consenso sobre el éxito o el costo del modelo es hoy el núcleo de la disputa entre oficialismo y oposición: la discusión gira en torno a si las políticas vigentes generan o destruyen empleo.
En los equipos de comunicación del Gobierno se trabajó para contrarrestar las críticas. Javier Lanari, secretario de Comunicación, puso como ejemplo que Carrefour confirmó que permanecerá en Argentina y proyecta inversiones por más de 300 millones de dólares para ampliar su red y crear puestos de trabajo. Además, se resaltaron anuncios de inversiones en el marco del régimen RIGI, como la del proyecto minero Vicuña por miles de millones de dólares. Por ello, el Gobierno prepara una campaña de promoción para el Argentina Week en Estados Unidos.
Desde el Ejecutivo describen que los sectores más favorecidos por la orientación económica son el agro, la minería, el petróleo y la economía del conocimiento. A la vez reconocen que algunas industrias, sobre todo las ubicadas en la periferia de los conurbios, podrían enfrentar dificultades para adaptarse al régimen más abierto que propone el Gobierno.
Ante el cierre de Fate, la Unión Industrial Argentina recordó que la industria formal perdió cerca de 65.000 trabajadores en los últimos dos años. La oposición, por su parte, sostiene que la reforma laboral no será suficiente para compensar esas pérdidas y que no generará empleo en la magnitud necesaria.
Las negociaciones por la reforma laboral mostraron también pragmatismo en el oficialismo. Excepto por puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la ultraactividad y la prelación de convenios por empresa, el proyecto presentó concesiones frente a reclamos sindicales, empresariales y de gobernadores, y finalmente se envió la versión más depurada que el espacio gobernante consideró posible. Queda por ver cómo se avanzará con el resto de la agenda política y económica durante el año.
Una fuente del círculo político afirmó que hay margen para continuar con la hoja de ruta y que, según sus estimaciones, “por encima del 4% de crecimiento la gente empezará a percibir cambios en el consumo y el empleo”.
Otra voz consultada evaluó que, en términos netos, son más los ciudadanos que se benefician por la caída de la inflación que los que se ven perjudicados, aunque admitió que es difícil medir la profundidad del malestar social y qué factores pesan más en ese descontento.
En el oficialismo también discuten una reforma tributaria, aunque hay dudas sobre su implementación inmediata. “Si baja la recaudación, no se puede reducir impuestos sin incumplir la meta fiscal; y para sostenerla podría exigir ajustes adicionales”, plantean funcionarios con reservas.
Los planes del Gobierno tienen mayor probabilidad de concretarse en la medida en que no se configure una alternativa política competitiva que ofrezca una propuesta sólida al electorado; según un estratega libertario, hasta ahora esa alternativa no existe.
El nuevo horizonte político que tienen los libertarios
A pesar del impacto del caso Fate, las últimas dos semanas dejaron señales políticas favorables para La Libertad Avanza: el oficialismo logró aprobar en ambas cámaras una reforma laboral con cambios relevantes, lo que evidenció capacidad de coordinación y la identificación de aliados suficientes para conseguir los votos necesarios en iniciativas complejas.
Integrantes de la mesa política reconocen solidez en la estructura de gobierno; otros advierten riesgos de tensiones internas que podrían manifestarse si los resultados empeoraran, aunque por ahora la coalición mantuvo la cohesión requerida.
Un dato observado con atención fue la votación en el Senado por la reforma laboral: 42 votos a favor contra 30 en contra. Ese número quedó a seis votos de la mayoría especial necesaria para designaciones de alto impacto en la justicia. Con negociaciones puntuales sobre ausencias, el Ejecutivo podría acercarse al quórum requerido para cubrir cargos sin depender del kirchnerismo.
El sector vinculado a Santiago Caputo, responsable de la agenda judicial del Ejecutivo, planifica enviar más de 50 pliegos para jueces federales. En el oficialismo debaten también la estrategia respecto de eventuales vacantes en la Corte Suprema, aunque algunos aconsejan no apresurarse y priorizar otras negociaciones.
En el fuero federal hay preocupación por el estado de las vacantes, especialmente en Santa Fe.
El Juzgado Federal de Reconquista quedará sin juez titular tras la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema provincial, propuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro. El Juzgado Federal de Rafaela permanece vacante luego de la renuncia de su ex titular, Marcelo Bailaque, cuya dimisión fue aceptada por el Presidente antes de que el Consejo de la Magistratura iniciara un jury por presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
La jueza federal N°2 de Rosario, Sylvia Aramberri, renunció en mayo del año pasado y aún no fue reemplazada. El juzgado con competencia electoral en Santa Fe también está vacante desde fines de 2024 y actualmente lo subroga el juez federal de Venado Tuerto, Antonio Cuello Murúa. Antes, ese cargo lo ocupó Gastón Salmain, quien está asignado al Juzgado Federal N°1 a pesar de haber sido procesado recientemente por delitos vinculados al incumplimiento de deberes, presunto cohecho y prevaricato, según las actuaciones penales en curso.
Esas causas incluyen acusaciones de manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso y transferencias de fondos al exterior por 10 millones de dólares, por las cuales Salmain está investigado junto a otras personas. Aunque existe una orden de prisión preventiva en su contra, no fue ejecutada debido a la inmunidad que posee por su condición de juez, según fuentes judiciales.
En la Justicia nacional se monitorean dos cuestiones: que el Gobierno demostró capacidad de obtener números importantes en el Senado y que la oposición está fragmentada. Varios operadores judiciales sostienen que, si el oficialismo mantiene resultados similares en el futuro, le será más sencillo avanzar en designaciones e incluso soñar con cambios institucionales de mayor alcance.
Asesores judiciales recomiendan prestar atención a las 16 vacantes que registra actualmente el Consejo de la Magistratura, entre las que hay tribunales orales federales, juzgados de instrucción, cámaras federales y la casación penal federal. Asimismo, el foco está puesto en cuatro concursos abiertos para cubrir plazas en Comodoro Py: los Juzgados N°6, 9, 11 y 12.
