El Gobierno, coordinado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, avanza en un plan para reducir la plantilla estatal. La administración proyecta un nuevo recorte para 2026 que podría afectar alrededor del 10% del personal público; desde el inicio de la gestión ya se registraron más de 60.000 desvinculaciones.
Fuentes oficiales indicaron que se están evaluando más de ocho áreas y organismos para determinar el exceso de personal en cada dependencia.
Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y reducir el gasto público, el ajuste se implementaría principalmente durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de numerosos contratos en diciembre que podrían no renovarse.
Desde diciembre de 2023, la reducción del empleo en el Sector Público Nacional alcanzó 60.784 puestos, lo que equivale a una caída del 17,7% en la dotación total y a una pérdida promedio superior a 83 empleos por día.
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El análisis de la distribución de las desvinculaciones muestra que, en términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor parte de los despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. Sin embargo, el ajuste proporcional más intenso se observó en la administración centralizada.
Entre las empresas estatales, Correo Argentino registró el mayor número de despidos con 5.155 casos. Le siguieron Operadora Ferroviaria S.E. con 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación con 2.069 y Aerolíneas Argentinas con 1.887.
En términos relativos, la antigua Télam sufrió el recorte más severo, con cerca del 80% de su personal desvinculado. También registraron reducciones significativas ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E.
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Un informe del CEPA advierte que los recortes afectan además a empresas de tecnología e infraestructura estratégica, provocando no solo pérdida de puestos de trabajo sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional.
En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una reducción del 40% del personal implica, según el CEPA, una merma en la capacidad pública para investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.
En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35% de su plantilla, lo que impacta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura esenciales para el transporte de cargas y pasajeros.
El informe del CEPA sostiene que esta política de desinversión dificulta la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, necesaria para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sostenible.
El sector financiero y asegurador también sufrió importantes recortes: la Casa de la Moneda redujo su personal en un 44%, mientras que Nación Seguros disminuyó su dotación en un 37,5%.
Según el CEPA, estas reducciones debilitan la capacidad del Estado para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y ponen en cuestión su rol contracíclico ante emergencias o catástrofes.
Asimismo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado estratégico para el financiamiento del desarrollo productivo, registró una baja del 31% en su planta, lo que limita su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores industriales, de infraestructura y exportadores.
En la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el mayor ajuste en términos absolutos se observó en ARCA, con 3.220 puestos eliminados; le siguieron el CONICET con 1.964 despidos y la ANSES con 1.584.
En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió la reducción más intensa, perdiendo el 64% de su personal; en segundo lugar figura la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) con una caída del 46,6%, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) con una reducción del 43,5%.
