La condena de Jimmy Lai, empresario y activista prodemocracia en Hong Kong, suscitó críticas de gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y grupos parlamentarios que denunciaron un proceso con motivaciones políticas y alertaron sobre el retroceso de las libertades en el territorio.
El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró culpable a Lai, de 78 años, por dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y por sedición vinculada a la difusión de material considerado subversivo. El proceso judicial, que se extendió durante cinco años, concluyó con el veredicto; la sentencia, que podría incluir cadena perpetua, se impondrá en enero. El juicio se celebró sin jurado ante magistrados asignados a casos de seguridad nacional.
La Unión Europea expresó preocupación por el fallo y señaló que el caso refleja un uso político del sistema judicial. En su comunicado, la UE afirmó que el procesamiento tiene motivaciones políticas y ejemplifica la erosión de la democracia y de las libertades en Hong Kong desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, y pidió la liberación inmediata e incondicional de Lai.
El bloque recordó que la reputación de Hong Kong como centro financiero se basó en el respeto al Estado de derecho, algo que consideran debilitado por este tipo de procesos. Citó además el cierre en 2021 del diario Apple Daily, fundado por Lai, tras una redada policial y la congelación de activos, y subrayó que medios libres e independientes son esenciales para la rendición de cuentas y la resiliencia social.
Desde el Reino Unido, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, calificó el proceso como un “juicio políticamente motivado” y afirmó que Lai fue perseguido por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Cooper sostuvo que la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong busca acallar a los críticos y reclamó su derogación, la liberación de Lai y que se le garantice atención médica adecuada y acceso a profesionales independientes.
En la misma línea, la portavoz de Exteriores del Partido Conservador, Priti Patel, instó al primer ministro Keir Starmer a plantear el caso con el presidente chino, Xi Jinping, y exigir la liberación inmediata de Lai durante su próxima visita oficial. Un grupo multipartidista del Parlamento británico sobre detención arbitraria criticó al Gobierno por no haber adoptado medidas más firmes antes de la condena.
Organizaciones de derechos humanos también condenaron el veredicto. Human Rights Watch y Amnistía Internacional exigieron la liberación inmediata de Lai. Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, calificó la condena como “cruel” y una parodia de la justicia después de cinco años de aislamiento, y pidió a otros gobiernos que presionen para revertir el caso.
Amnistía Internacional describió la decisión como un golpe decisivo para la libertad de prensa en Hong Kong. Sarah Brooks, directora para China de la organización, afirmó que el veredicto, aunque previsible, es desolador, porque redefine el trabajo periodístico como delito. Amnistía considera a Lai un prisionero de conciencia y reclama su liberación inmediata e incondicional, al tiempo que advierte que la normativa aplicada no protege a las personas sino que las silencia y genera riesgos legales para quienes realizan actividades empresariales en la ciudad.
La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), que agrupa a 76 legisladores de 30 parlamentos, denunció un veredicto predeterminado y una “mofa del Estado de derecho”, y afirmó que no puede haber normalidad en las relaciones con un Estado que persigue a inocentes.
Lai permanece detenido desde 2020 y su estado de salud es motivo de preocupación para su familia, que denuncia un deterioro tras años de aislamiento; las autoridades de Hong Kong sostienen que recibe atención médica adecuada. El caso se mantiene como un símbolo del debate internacional sobre la libertad de expresión, la prensa independiente y el Estado de derecho en Hong Kong.
(Con información de EFE)
