En su primera intervención en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, las defensas plantearon múltiples irregularidades que, según sostienen, afectan la validez del expediente. Durante más de ocho horas denunciaron maniobras fraudulentas, contradicciones y un supuesto armado judicial que involucraría al chofer Oscar Centeno, al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío, junto al abogado condenado Marcelo D’Alessio.
Según las defensas, D’Alessio habría propiciado una vinculación artificial con la investigación sobre la compra de Gas Natural Licuado para evitar el sorteo del expediente y asegurar que quedara en manos de Stornelli y Bonadío. A partir de ello, describen una serie de detenciones masivas sin suficiente respaldo judicial y presiones para que los detenidos implicaran a Cristina Fernández de Kirchner a cambio de su libertad.
Un punto central fue la autenticidad de los cuadernos atribuidos a Centeno. El chofer ofreció versiones contradictorias sobre su paradero —diciendo sucesivamente que los conservaba en su casa, en la de su suegra y que los había quemado—; pese a ello, seis cuadernos reaparecieron y peritajes detectaron correcciones y escrituras ajenas. Recientemente, Roberto Baratta denunció a Centeno por falso testimonio agravado.
Con base en estos y otros elementos, las defensas solicitaron la nulidad total del proceso, alegando que las irregularidades impidieron investigar con seriedad posibles delitos relacionados con obra pública, transporte o peajes.
El juicio se inició en noviembre y hasta ahora se habían leído las acusaciones; en esta etapa pudieron hablar los defensores de los exfuncionarios y empresarios imputados por supuestos pagos a Baratta, entonces segundo del Ministerio de Planificación. En total hay 19 exfuncionarios y 65 empresarios imputados, aunque algunos fueron apartados del proceso en decisiones que las defensas calificaron de arbitrarias, como el sobreseimiento de Paolo Rocca y ejecutivos de Techint por pagos atribuidos a “razones humanitarias”.
Entre los abogados que expusieron figuran Carlos Beraldi (defensor de Cristina Fernández de Kirchner), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (por Julio De Vido), Marcos Aldazábal y Eli Gómez Alcorta (por Roberto Baratta), Ricardo Saint Jean y Aníbal Ibarra, entre otros. Las audiencias continuarán hasta el 24 de febrero y todos anticiparon una postura común: que las maniobras denunciadas contaminan el expediente y que la causa tiene un sesgo de persecución política.
Beraldi subrayó la condena a D’Alessio, que según indicó probó su vínculo con Stornelli, y explicó que esa relación permitió construir una supuesta conexión con la causa GNL inicialmente sostenida en fotocopias. También aludió a encuentros previos entre el periodista Diego Cabot, Stornelli y Bonadío, y a la confección de actas apócrifas que precedieron una ola de detenciones.
Otro eje de crítica fue el uso de la figura del “arrepentido”: las defensas afirmaron que muchas confesiones se obtuvieron bajo presión, con amenazas explícitas de mantener a los detenidos en prisión si no incriminaban a determinados dirigentes. Incluso denunciaron intentos de filmar en cámara oculta a un abogado defensor para desacreditarlo.
Asimismo cuestionaron el recurso reiterado al delito de asociación ilícita, ya descartado en casos similares, y sostuvieron que no puede equipararse un gobierno a una organización criminal ni juzgarse dos veces por el mismo hecho. Señalaron además que ni Cristina Fernández de Kirchner ni Julio De Vido aparecen mencionados en los cuadernos ni se les detectaron bienes no declarados en el exterior.
En conjunto, las defensas consideraron que la causa Cuadernos se convirtió en un ejemplo de manipulación judicial que impidió esclarecer hechos relevantes. A su criterio, prácticas como el forum shopping y otras irregularidades frustraron la posibilidad de determinar con rigor si hubo coimas, aportes ilegales de campaña o responsabilidades concretas, dejando una investigación marcada por inconsistencias y controversias.
