La postergación del nuevo índice de inflación no es un detalle técnico: tiene efectos concretos sobre el poder adquisitivo y sobre la medición real de la economía. Al mantenerse una canasta de consumo basada en hábitos de hace más de 20 años, el IPC vigente tiende a subestimar el aumento del costo de vida y a distorsionar indicadores clave.
El impacto es directo. Jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y salarios indexados a una inflación menor pierden capacidad de compra, y a la vez variables como el PBI y la pobreza se ven alteradas: el crecimiento puede mostrarse más alto y la pobreza parecer contenida.
Especialistas del sistema estadístico señalan que el problema no es la falta de datos, sino la decisión de no utilizarlos. La Encuesta de Gastos de los Hogares más reciente está disponible desde hace años y ya se aplica en algunas jurisdicciones; su implementación nacional se frenó porque el nuevo índice daría mayor peso a los servicios, en un contexto de fuertes aumentos de tarifas.
El resultado es un índice que presenta una inflación más baja de la real y posterga un ajuste que probablemente se dará más adelante. Cuando eso ocurra será necesario revisar los números: el PBI podría reducirse, la pobreza aumentar y las series históricas quedarían modificadas.
Esta manipulación indirecta de las estadísticas afecta la credibilidad del INDEC y puede generar conflictos con inversores, jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales. No se trata solo de una discusión técnica, sino de una decisión política con consecuencias económicas y sociales relevantes.
