El 4 de febrero circuló la versión de que Álex Saab —señalado por Estados Unidos como uno de los presuntos operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro— habría sido capturado nuevamente en Venezuela. Contactos cercanos desmintieron públicamente la detención, pero fuentes de inteligencia reactivaron el nombre de Saab, lo que volvió a poner en foco reportes sobre presuntos flujos financieros irregulares y redes de corrupción.
Además de la controversia sobre su paradero, expedientes judiciales, informes legislativos y documentos de inteligencia indican que Ecuador habría sido un eslabón importante en un supuesto sistema empleado para blanquear dinero procedente de la corrupción vinculada al chavismo, principalmente durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.
Entre 2009 y 2014, según investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía ecuatoriana realizadas en 2021, funcionó un esquema basado en exportaciones ficticias o sobrefacturadas entre Ecuador y Venezuela. En el centro de ese mecanismo estaba la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), fundada por Saab y su socio Álvaro Pulido, que contaba con una filial en Ecuador.
Registros oficiales muestran que Foglocons Ecuador declaró exportaciones por cientos de millones de dólares en materiales de construcción que, en numerosos casos, no llegaron a su destino. Los pagos se canalizaron a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), creado en el marco del ALBA para facilitar pagos entre bancos centrales y que, según varios informes, terminó operando como una vía con escasos controles internacionales para mover divisas.
La Fiscalía ecuatoriana detectó que entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 Foglocons Ecuador recibió cerca de 160 millones de dólares, aunque solo pudo justificar exportaciones por poco más de 3 millones. Las diferencias se atribuyeron a facturas duplicadas, operaciones simuladas y sobrevaloración de bienes, prácticas que las investigaciones vinculan con lavado de activos.
Según esas investigaciones, los recursos ingresaban al Banco Central de Venezuela, se convertían en “sucres” —con ajustes que inflaban su valor— y luego regresaban al Banco Central del Ecuador para transformarse nuevamente en dólares, que finalmente se depositaban en cuentas de exportadores ecuatorianos. En algunos casos los contenedores enviados a Venezuela llegaron vacíos mientras los fondos se redistribuían entre intermediarios, funcionarios y estructuras offshore.
La trama trascendió lo financiero y fue inicialmente difundida por el político asesinado Fernando Villavicencio. El llamado “dossier ecuatoriano” documentó supuestos vínculos entre Saab y actores políticos de la región, pagos por favores, vuelos privados y relaciones con figuras cercanas al chavismo, lo que amplió el interés de agencias internacionales, incluido el FBI.
En Ecuador, las pesquisas incluyeron la incautación de 57 millones de dólares a Foglocons, pero el proceso jurídico terminó con sobreseimientos que han sido objeto de críticas. Dos jueces que formaron parte del tribunal que falló a favor de los socios de Saab, Fabiola Gallardo y Johan Mafertán, fueron después condenados en el caso conocido como “Purga”, que expuso presuntos lazos entre el narcotráfico y partes del sistema judicial ecuatoriano.
Villavicencio, cuando presidía la Comisión de Fiscalización, sostuvo que el SUCRE “no sirvió para nada más que para lavar dinero” y estimó que alrededor de 2.000 millones de dólares podrían haberse blanqueado mediante exportaciones ficticias vinculadas a Saab entre Ecuador y Venezuela.
Las defensas de Saab y de dirigentes señalados han alegado persecución política y sostienen que los hechos ya fueron investigados en Ecuador. Sin embargo, fuentes de inteligencia regionales afirman que muchas de las redes financieras creadas en ese periodo no fueron completamente desmanteladas y que parte de esos circuitos habría evolucionado tras la extradición de Saab a Estados Unidos y su posterior regreso a Venezuela.
En ese contexto, el anuncio no confirmado de una nueva detención de Saab activó alertas en organismos de seguridad y en fiscalías de la región. Más allá de la situación personal del señalado, la preocupación recurrente es la vigencia del modelo: una combinación de empresas fachada, sistemas de compensación regional, protección política y decisiones judiciales favorables que habría permitido mover recursos públicos al margen de controles institucionales.
