La represión desplegada por las autoridades iraníes tras las recientes protestas ha incluido detenciones masivas, incautación de bienes y acciones dirigidas específicamente contra profesionales que atendieron a manifestantes heridos. Organizaciones de derechos humanos estiman que hasta 40.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas, acusadas de “alborotadores” o “terroristas”. Muchos detenidos han aparecido en confesiones televisadas que, según estas organizaciones, probablemente fueron obtenidas bajo coacción.
Médicos y personal sanitario que atendieron a los manifestantes han sido detenidos, incluso en sus domicilios, y algunos permanecen desaparecidos. Tres médicos contactados en Irán por The New York Times, que pidieron anonimato por temor a represalias, relataron la detención de al menos 11 colegas en la última semana. Dos de ellos indicaron haber sido citados repetidamente por funcionarios que intentan identificar a quienes asistieron a los heridos.
También han sido objeto de medidas represivas empresarios conocidos. Mohammed Saedinia, propietario de una cadena de cafeterías, fue detenido junto a su hijo y un gerente tras cerrar sus locales en señal de apoyo a las protestas. Las autoridades clausuraron los establecimientos y anunciaron que permanecerán cerrados durante dos meses. Un portavoz del poder judicial, Ashgar Jahangir, confirmó la detención y advirtió que sus bienes podrían destinarse a resarcir daños ocasionados en los disturbios.
Las medidas incluyen la identificación y posible confiscación de activos de figuras públicas, como deportistas y actores, así como de quienes firmaron declaraciones en apoyo a los manifestantes. El fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, ordenó acciones destinadas a “dar una lección” a quienes calificó como “terroristas y sus simpatizantes”.
La censura también ha alcanzado a medios reformistas. El periódico Ham Mihan, uno de los pocos que documentó la magnitud de las protestas y las víctimas, fue clausurado el 19 de enero. Su editor, Mohammed Javad Rouh, señaló que se trata del primer cierre de un medio desde 2016 y que aún no se ha fijado fecha para una audiencia judicial.
Las familias de los fallecidos durante la represión enfrentan vigilancia y limitaciones. Un ciudadano identificado como Abbas contó que él y sus familiares debieron firmar compromisos de silencio y cumplir prohibiciones como no llorar o mantener las puertas cerradas durante los funerales de tres parientes muertos en las protestas.
Pese a la intensidad de la represión, se mantienen actos de desafío. Recientemente, 17 líderes de la sociedad civil, cineastas y activistas publicaron una declaración que responsabiliza al líder supremo de Irán por lo que calificaron como un “crimen de Estado organizado contra la humanidad”. Varios firmantes, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, fueron detenidos posteriormente.
Simultáneamente, estudiantes de 31 facultades de medicina, enfermería y odontología realizaron boicots y sentadas para exigir justicia por las muertes y detenciones de compañeros. Ante la prohibición de luto, algunas familias han transformado los funerales en celebraciones con música y canciones tradicionales como forma simbólica de resistencia.
El régimen iraní ha reconocido oficialmente cerca de 3.000 muertes durante la represión, aunque diversas organizaciones consideran que la cifra real es mucho mayor. Activistas describen la represión sistemática y su alcance como una forma de “castigo colectivo” destinada a disuadir futuras protestas y estigmatizar a toda una generación.
