Manifestantes bloquearon el martes las principales rutas de acceso a Beirut y sus alrededores tras la aprobación por parte del gabinete libanés de nuevos impuestos que elevan el precio de la gasolina y de otros bienes para financiar aumentos salariales en el sector público.
El Ejecutivo aprobó el lunes un gravamen de 300.000 libras libanesas (aprox. 3,30 dólares) por cada 20 litros de gasolina. El diésel quedó excluido de esa tasa, dado que gran parte de la población depende de él para alimentar generadores privados ante la grave escasez de electricidad pública.
El gobierno también acordó aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 11% al 12% sobre los bienes ya sujetos al gravamen, medida que debe ser ratificada por el Parlamento.
Los impuestos se justifican como fuente de financiación para los incrementos salariales y mejoras en las pensiones del funcionariado, destinados a compensar la pérdida de poder adquisitivo tras el colapso de la moneda en 2019. Según el ministro de Información, Paul Morcos, esos aumentos costarán alrededor de 800 millones de dólares.
Aunque Líbano posee una de las mayores reservas de oro de la región, afronta inflación persistente, corrupción generalizada y problemas de liquidez. Además, sufrió daños estimados en cerca de 11.000 millones de dólares durante la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah.
Indignación por el aumento del precio del combustible
Ghayath Saadeh, miembro de un grupo de taxistas que bloqueó una vía principal hacia el centro de Beirut, afirmó que los dirigentes del país “nos consideran basura”.
“Todo está subiendo: los alimentos, las bebidas, y se acerca el Ramadán”, dijo Saadeh. “Bloquearemos todas las carreteras, si Dios quiere, si no nos atienden”.
Cuando el gobierno propuso nuevos impuestos en 2019 —incluyendo una cuota mensual de unos 6 dólares por llamadas por internet mediante servicios como WhatsApp— estallaron protestas masivas que paralizaron el país durante meses. Los manifestantes exigieron la renuncia de los líderes por la corrupción, la parálisis estatal y las deficiencias de la infraestructura, y pidieron el fin del sistema sectario de reparto de poder.
El Líbano ha estado bajo presión internacional durante años para emprender reformas financieras, pero hasta ahora ha mostrado avances limitados.
Se discute el plan de armas
El lunes, el gabinete recibió un informe del ejército sobre el avance de un plan para desarmar a grupos armados no estatales presentes en el país, entre ellos Hezbollah.
El ejército informó el mes pasado de la finalización de la primera fase del plan, que cubre el área al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel. La segunda fase abarcará sectores del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, incluida la ciudad portuaria de Sidón.
Morcos indicó tras la sesión del gabinete que la segunda etapa podría durar unos cuatro meses, aunque su duración dependerá “de los recursos disponibles, de la continuidad de los ataques israelíes y de los obstáculos en el terreno”.
El plan de desarme se plantea después de que un alto el fuego mediado por Estados Unidos pusiera fin, de forma nominal, a la guerra entre Hezbollah e Israel en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de reconstruir sus capacidades y ha continuado con ataques casi diarios en el Líbano y la ocupación de varias posiciones en colinas del lado libanés de la frontera.
Hezbollah sostiene que el acuerdo de alto el fuego exige desarme únicamente en la zona al sur del Litani y se niega a discutir el desarme en el resto del país hasta que Israel detenga los ataques y se retire de todo territorio libanés.
(con información de AP)
