21 de febrero de 2026
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Crisis de agua, calefacción y vivienda en zonas ucranianas bajo control ruso

Casi cuatro años después de la invasión a gran escala, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. Entre 3 y 5 millones de personas que permanecen en las zonas bajo control de Moscú enfrentan problemas persistentes relacionados con la vivienda, el suministro de agua, la electricidad, la calefacción y el acceso a la atención sanitaria.

El presidente Vladimir Putin reconoció la existencia de “muchos problemas verdaderamente acuciantes y urgentes” en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que fueron anexadas por Rusia meses después del inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

En esas zonas, las autoridades rusas promueven la ciudadanía, el idioma y la cultura rusos, aplicando cambios en los programas escolares y en los libros de texto.

Según ucranianos que huyeron, varios residentes viven con el temor de ser acusados de simpatizar con Kiev; activistas de derechos humanos denuncian detenciones, malos tratos y asesinatos de civiles.

Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, afirmó que Rusia ha establecido “una vasta red de centros de detención secretos y oficiales donde decenas de miles de civiles ucranianos” permanecen recluidos de forma indefinida y sin cargos.

Funcionarios rusos no han ofrecido comentarios sobre acusaciones previas de organismos de derechos humanos de la ONU que señalan prácticas de tortura contra civiles y prisioneros de guerra.

La difícil situación de una familia

Inna Vnukova pasó los primeros días de la ocupación en la región de Lugansk escondida en un sótano húmedo junto a su familia. En su aldea, Kudriashivka, los soldados imponían controles, intimidaban a los vecinos y saqueaban viviendas, mientras se sucedían los bombardeos.

“Todos estaban muy asustados y temían salir”, dijo Vnukova a The Associated Press desde Estonia, donde vive actualmente. Las tropas buscaban a funcionarios y empleados públicos como ella y su marido, Oleksii Vnukov.

A mediados de marzo de 2022, ella y su hijo de 16 años, Zhenya, huyeron del pueblo con la familia de su hermano, dejando temporalmente a su esposo. Se trasladaron en coche hasta la cercana Starobilsk, ondeando una sábana blanca en medio de los impactos de mortero.

Oleksii Vnukov, agente de seguridad del tribunal, permaneció en el pueblo casi dos semanas. Según narró la familia, soldados rusos lo amenazaron de muerte en dos ocasiones antes de que lograra escapar.

“La gente de allí no vive, sólo sobrevive”, comentó Vnukova en referencia a unas 150 personas —incluidos los padres de la pareja— que siguen en el pueblo que antes albergaba a alrededor de 800 habitantes.

Vnukova y su esposo han reconstruido su vida en Estonia: ella trabaja en una imprenta y él como electricista. Su hijo tiene ahora 20 años y la familia tiene una hija de un año, Alisa.

La vida en la destrozada Mariúpol

Las fuerzas rusas sitiaron Mariúpol durante semanas antes de que la ciudad portuaria cayera en mayo de 2022. El bombardeo del Teatro Dramático Académico Regional de Donetsk el 16 de marzo de ese año causó casi 600 muertes en y alrededor del edificio, según una investigación de AP, y representa el ataque más mortífero documentado contra civiles en la guerra.

Gran parte de la población, que antes alcanzaba cerca de medio millón de personas, huyó; muchos otros se refugiaron en sótanos, según contó un exactor que se reunió por meses con sus padres.

Ese exactor, ubicado ahora en Estonia y que habló en condición de anonimato para proteger a sus padres de 76 años que permanecen en Mariúpol, dijo que ellos solicitaron la ciudadanía rusa para poder acceder a asistencia médica y a un pago único equivalente a 1.300 dólares por persona como compensación por la pérdida del hogar.

Aunque la población de la ciudad se ha reducido aproximadamente a la mitad, la escasez de viviendas persiste. En videos enviados como quejas a Putin se afirma que los apartamentos nuevos se venden a recién llegados rusos y no a quienes perdieron sus hogares.

No todos se oponen a la autoridad rusa: el exactor aseguró que alrededor de la mitad de los miembros de su antigua compañía teatral apoyan al Kremlin. Sin embargo, señaló que sus padres le pidieron no enviar postales en ucraniano porque “podría ser peligroso”.

Infraestructura en ruinas

Años de conflicto y de abandono han dejado numerosos municipios con servicios públicos gravemente deteriorados.

En Alchevsk, en la región de Lugansk, más de la mitad de los hogares permanecieron sin calefacción durante el crudo invierno; se instalaron cinco estaciones de calefacción para intentar mitigar la emergencia.

En Donetsk, camiones cisterna reparten agua en barriles frente a bloques de apartamentos, pero el suministro se congela en invierno, según una residente que habló en anonimato por temor a represalias. “Hay disputas constantes por el agua”, afirmó.

Moscú fomenta la mudanza de ciudadanos rusos a las regiones ocupadas ofreciendo incentivos; a docentes, personal médico y trabajadores culturales se les prometen complementos salariales si residen allí durante cinco años.

Sievierodonetsk, una ciudad del noreste que antes tenía unos 140.000 habitantes, quedó gravemente dañada y ahora solo alberga alrededor de 45.000 personas, en su mayoría ancianos o personas con discapacidad. Solo una ambulancia presta servicio en la localidad y personal médico ruso rota para atender el hospital, dijo un exingeniero de 67 años que habló bajo condición de anonimato.

“Sé lo difícil que es ahora para los residentes de las ciudades y pueblos liberados. Hay muchos problemas realmente urgentes y apremiantes”, declaró Putin en septiembre, al referirse a la necesidad de un suministro de agua fiable y de acceso a la atención sanitaria, y al anunciar un “programa de desarrollo socioeconómico a gran escala” para las regiones.

Vivir con miedo

Stanislav Shkuta, de 25 años y originario de Nova Kakhovka, en la región de Jersón, relató que logró evitar ser detenido en varias ocasiones antes de llegar a territorio controlado por Ucrania en 2023. Recordó un episodio en el que un autobús fue detenido por soldados rusos y los obligaron a hombres y mujeres a desnudarse hasta la cintura para buscar tatuajes relacionados con Ucrania.

Shkuta, que ahora vive en Estonia, dijo que “se puso pálido de miedo y se preguntó si había borrado todo de mi teléfono”.

Amigos que permanecieron en Nova Kakhovka describen un empeoramiento de la situación, con arrestos de presuntos simpatizantes ucranianos en la calle y registros sorpresa casa por casa.

Mykhailo Savva, del Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, afirmó que “los servicios especiales rusos siguen identificando a ucranianos considerados desleales, extrayendo confesiones y deteniendo a personas”, mientras la población enfrenta controles documentales y registros masivos.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que, al inicio de la guerra, Rusia empleó “campos de filtración” para identificar a personas potencialmente desleales, así como a quienes trabajaban para el gobierno, colaboraban con las fuerzas ucranianas o tenían familiares en el ejército, además de periodistas, profesores, científicos y políticos.

El Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, afirmó que alrededor de 16.000 civiles han sido detenidos ilegalmente, aunque la cifra podría ser mayor debido a que muchas personas permanecen recluidas en régimen de incomunicación.

(AP)

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