Buenos Aires, 9 de mayo — El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar concentrar la mayor parte de los fondos destinados a los hospitales universitarios del país y afirmó que el Gobierno nacional ya efectuó todas las transferencias correspondientes.
Álvarez calificó el conflicto como una maniobra de presión política impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti con el fin de exigir mayores recursos presupuestarios.
El funcionario respondió a las denuncias de la UBA sobre una supuesta falta de financiamiento para el Hospital de Clínicas y otros centros de salud universitarios, que según la casa de estudios pondría en riesgo la atención médica.
Señaló que la UBA pretende apropiarse de 75.000 millones de pesos, cifra que atribuyó al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.
Explicó que el fondo extraordinario para salud universitaria asciende a 80.000 millones de pesos para todo el país y sostuvo que la UBA buscaría ejecutar casi la totalidad de esos recursos en los primeros meses del año.
Según Álvarez, para el resto de los hospitales universitarios quedarían apenas 4.000 millones de pesos; por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo habría solicitado alrededor de 2.400 millones para sus centros de salud.
El subsecretario afirmó además que las transferencias mensuales se realizaron en tiempo y forma y calificó como falsa la denuncia de desfinanciamiento.
Indicó que publicó todas las transferencias y pidió a los profesionales que reclamen al rectorado de la UBA, ya que, sostuvo, el Gobierno ya completó los giros correspondientes.
Álvarez dirigió además críticas directas a Emiliano Yacobitti, a quien acusó de utilizar políticamente el conflicto universitario.
Manifestó que se exponen a los médicos en la vía pública, se alude a pacientes oncológicos sin atención y se genera alarma con el objetivo de presionar al Gobierno.
En sus declaraciones defendió la necesidad de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice auditorías técnicas a las universidades públicas y cuestionó las acciones judiciales de la UBA para limitar esos controles.
Recordó que, según la normativa, la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la Auditoría General de la Nación (AGN), y se preguntó por qué rechazan ser auditadas si manejan correctamente las cuentas públicas.
También cuestionó el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria y propuso avanzar hacia un modelo basado en indicadores objetivos, como la cantidad de alumnos activos, graduados, infraestructura y costos operativos.
En ese marco, aseguró que el Gobierno detectó irregularidades y datos inflados en las estadísticas del sistema universitario.
Afirmá que aproximadamente el 40% de la matrícula universitaria no rindió un examen en los últimos dos años.
Además, criticó el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras de alto costo como Medicina.
Señaló que en la Facultad de Medicina de la UBA cerca del 50% de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros y defendió cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas.
Finalmente, Álvarez dijo que el objetivo del Gobierno es ordenar prioridades y recuperar el rol central de las universidades públicas.
Subrayó que la misión principal de esas instituciones es enseñar, aprender y formar graduados de calidad.
