Tropas israelíes dispararon un proyectil de mortero sobre la línea de alto al fuego hacia una zona residencial palestina en la Franja de Gaza, en el último incidente que sacude la frágil tregua con el grupo terrorista Hamas. Funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, y el ejército afirmó que estaba investigando.
Las fuerzas israelíes declararon que el mortero fue disparado durante una operación en el área de la “Línea Amarilla”, que fue trazada en el acuerdo y divide la mayoría de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.
El ejército no especificó qué estaban haciendo las tropas ni si habían cruzado la línea. Indicó que el mortero se desvió de su objetivo previsto, el cual no especificó.
Fadel Naeem, director del Hospital Al-Ahli, afirmó que el hospital recibió a 10 personas heridas en el ataque en el centro de la Ciudad de Gaza, algunas de ellas en estado crítico.
No fue la primera vez desde la tregua del 10 de octubre que el fuego israelí ha causado bajas palestinas fuera de la Línea Amarilla. Funcionarios de salud palestinos (controlados por Hamas) han reportado más de 370 muertes por fuego israelí desde la tregua.
Israel ha dicho que ha abierto fuego en respuesta a violaciones de Hamas, y afirma que la mayoría de los muertos han sido terroristas de Hamas. Pero un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con el protocolo militar, señaló que el ejército es consciente de varios incidentes en que murieron civiles incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.
Los palestinos dicen que en algunos casos mueren civiles porque la línea está mal marcada. Israel ha estado colocando bloques amarillos para delinearla, pero en algunas áreas los bloques aún no han sido colocados.
El lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron armas, equipos de vigilancia y materiales bélicos pertenecientes Hamas durante operaciones recientes en la línea amarilla al este de Rafah. Entre el material interceptado se encontraban rifles tipo Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas contra las tropas israelíes, según detalló el comunicado del Ejército.
El reporte difundido por las FDI indicó que el Equipo de Combate de la Brigada Golani, bajo la comandancia de la División de Gaza (143), ha centrado sus operaciones en la destrucción de infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas con actividades terroristas en la zona. Las tropas informaron haberse desplegado conforme al esquema del acuerdo de alto el fuego, aunque reconocen que seguirán actuando para eliminar cualquier “amenaza inmediata” para las fuerzas y el Estado de Israel.
La tregua debe pronto entrar en una segunda fase, pero ambas partes se acusan de violaciones. La primera fase involucró el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La segunda supone el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.
Los restos de un rehén, Ran Gvili, aún están en Gaza, y los militantes parecen estar teniendo dificultades para encontrarlos. Israel exige la devolución de los restos de Gvili antes de pasar a la segunda fase.
Hamás está pidiendo más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos, cesar los ataques y permitir más ayuda en la franja.
Tropas israelíes dispararon un proyectil de mortero sobre la línea de alto al fuego hacia una zona residencial palestina en la Franja de Gaza, en el último incidente que sacude la frágil tregua con el grupo terrorista Hamas. Funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, y el ejército afirmó que estaba investigando.
Las fuerzas israelíes declararon que el mortero fue disparado durante una operación en el área de la “Línea Amarilla”, que fue trazada en el acuerdo y divide la mayoría de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.
El ejército no especificó qué estaban haciendo las tropas ni si habían cruzado la línea. Indicó que el mortero se desvió de su objetivo previsto, el cual no especificó.
Fadel Naeem, director del Hospital Al-Ahli, afirmó que el hospital recibió a 10 personas heridas en el ataque en el centro de la Ciudad de Gaza, algunas de ellas en estado crítico.
No fue la primera vez desde la tregua del 10 de octubre que el fuego israelí ha causado bajas palestinas fuera de la Línea Amarilla. Funcionarios de salud palestinos (controlados por Hamas) han reportado más de 370 muertes por fuego israelí desde la tregua.
Israel ha dicho que ha abierto fuego en respuesta a violaciones de Hamas, y afirma que la mayoría de los muertos han sido terroristas de Hamas. Pero un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con el protocolo militar, señaló que el ejército es consciente de varios incidentes en que murieron civiles incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.
Los palestinos dicen que en algunos casos mueren civiles porque la línea está mal marcada. Israel ha estado colocando bloques amarillos para delinearla, pero en algunas áreas los bloques aún no han sido colocados.
El lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron armas, equipos de vigilancia y materiales bélicos pertenecientes Hamas durante operaciones recientes en la línea amarilla al este de Rafah. Entre el material interceptado se encontraban rifles tipo Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas contra las tropas israelíes, según detalló el comunicado del Ejército.
El reporte difundido por las FDI indicó que el Equipo de Combate de la Brigada Golani, bajo la comandancia de la División de Gaza (143), ha centrado sus operaciones en la destrucción de infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas con actividades terroristas en la zona. Las tropas informaron haberse desplegado conforme al esquema del acuerdo de alto el fuego, aunque reconocen que seguirán actuando para eliminar cualquier “amenaza inmediata” para las fuerzas y el Estado de Israel.
La tregua debe pronto entrar en una segunda fase, pero ambas partes se acusan de violaciones. La primera fase involucró el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La segunda supone el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.
Los restos de un rehén, Ran Gvili, aún están en Gaza, y los militantes parecen estar teniendo dificultades para encontrarlos. Israel exige la devolución de los restos de Gvili antes de pasar a la segunda fase.
Hamás está pidiendo más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos, cesar los ataques y permitir más ayuda en la franja.
Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado esta semana acusa a China de explotar programas de investigación financiados por el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) para acceder a tecnologías sensibles con aplicaciones militares, en particular en el ámbito nuclear. El documento sostiene que esas colaboraciones han permitido que avances costeados por contribuyentes estadounidenses terminen beneficiando al aparato de defensa chino.
La investigación fue elaborada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino junto con el Comité de Educación y Trabajo. Sus autores concluyen que el Gobierno estadounidense no ha establecido durante décadas salvaguardas suficientes para evitar la transferencia indirecta de conocimiento estratégico hacia China a través de proyectos académicos conjuntos.
Según el informe, entre junio de 2023 y junio de 2024 se publicaron más de 4.300 artículos académicos fruto de colaboraciones entre científicos financiados por el DOE y colegas chinos. Aproximadamente la mitad de esos trabajos incluyeron investigadores afiliados a instituciones integradas en la base militar o industrial de China, de acuerdo con los hallazgos del comité.
Los investigadores consideran especialmente problemático que fondos federales hayan respaldado proyectos con laboratorios estatales y universidades chinas que trabajan directamente para el Ejército Popular de Liberación. Algunas de estas entidades figuran en bases de datos del Pentágono que identifican empresas y organizaciones vinculadas al sector militar chino con operaciones o intereses en Estados Unidos.
El informe también documenta colaboraciones con instituciones chinas señaladas por Washington por su presunta implicación en ciberataques o en violaciones de derechos humanos. Para los legisladores, estos vínculos evidencian una falta de controles sistemáticos en la evaluación de riesgos de seguridad nacional asociados a la investigación científica.
El Departamento de Energía financia cada año cientos de millones de dólares en proyectos de alta tecnología, que abarcan desde la energía nuclear —incluida la gestión del arsenal atómico— hasta campos como la computación cuántica, la física avanzada y la ciencia de materiales. Además, supervisa una red de 17 laboratorios nacionales que han sido clave en el desarrollo histórico de tecnologías estratégicas estadounidenses.
El reporte se inscribe en un contexto de creciente presión política en Washington para limitar la cooperación científica con China. En los últimos años, varios comités del Congreso han advertido que asociaciones académicas aparentemente abiertas han facilitado el avance de capacidades tecnológicas chinas con potencial uso militar.
Un informe republicano publicado el año pasado ya había señalado que alianzas universitarias entre ambos países permitieron canalizar cientos de millones de dólares en financiación federal hacia investigaciones que fortalecieron sectores críticos para la defensa china. Otra pesquisa reveló que el Pentágono financió en un periodo reciente de dos años cientos de proyectos en colaboración con entidades chinas vinculadas a su industria de defensa.
El nuevo documento propone una serie de medidas para endurecer los controles. Entre ellas, plantea un enfoque estandarizado para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de aprobar financiación y la obligación de que el DOE comparta información sobre vínculos de investigación con China con otras agencias federales, con el fin de detectar patrones problemáticos.
“Estas fallas de política e inacción han dejado la investigación financiada por los contribuyentes vulnerable a la explotación por parte de la base industrial y de defensa de China”, concluyen los autores del informe. El Departamento de Energía no respondió de inmediato a las consultas sobre las recomendaciones.
La Embajada de China en Washington rechazó las conclusiones del informe y acusó al comité de actuar con fines políticos. En un comunicado, el portavoz Liu Pengyu afirmó que “un puñado de políticos estadounidenses está exagerando el concepto de seguridad nacional para obstaculizar los intercambios científicos normales”, una estrategia que, según dijo, “está condenada al fracaso”.
El presidente del comité selecto, el republicano John Moolenaar, sostuvo en un comunicado que la investigación revela “un problema profundamente alarmante” y acusó al Departamento de Energía de haber puesto a los contribuyentes estadounidenses a financiar indirectamente el ascenso militar de su principal adversario estratégico.
Moolenaar impulsó este año un proyecto de ley para impedir que fondos federales en ciencia, tecnología y defensa se destinen a colaboraciones con entidades controladas por “adversarios extranjeros”. Aunque la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, no prosperó en la negociación final de la ley anual de defensa.
La propuesta generó una fuerte reacción en la comunidad académica. Más de 750 profesores y altos cargos universitarios advirtieron en una carta enviada en octubre al Congreso que Estados Unidos compite globalmente por talento científico y reclamaron medidas “cuidadosas y específicas” para gestionar riesgos sin sofocar la colaboración internacional. El debate, lejos de cerrarse, refleja la tensión entre la seguridad nacional y la apertura científica en una rivalidad tecnológica que seguirá marcando la relación entre Washington y Beijing.
Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado esta semana acusa a China de explotar programas de investigación financiados por el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) para acceder a tecnologías sensibles con aplicaciones militares, en particular en el ámbito nuclear. El documento sostiene que esas colaboraciones han permitido que avances costeados por contribuyentes estadounidenses terminen beneficiando al aparato de defensa chino.
La investigación fue elaborada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino junto con el Comité de Educación y Trabajo. Sus autores concluyen que el Gobierno estadounidense no ha establecido durante décadas salvaguardas suficientes para evitar la transferencia indirecta de conocimiento estratégico hacia China a través de proyectos académicos conjuntos.
Según el informe, entre junio de 2023 y junio de 2024 se publicaron más de 4.300 artículos académicos fruto de colaboraciones entre científicos financiados por el DOE y colegas chinos. Aproximadamente la mitad de esos trabajos incluyeron investigadores afiliados a instituciones integradas en la base militar o industrial de China, de acuerdo con los hallazgos del comité.
Los investigadores consideran especialmente problemático que fondos federales hayan respaldado proyectos con laboratorios estatales y universidades chinas que trabajan directamente para el Ejército Popular de Liberación. Algunas de estas entidades figuran en bases de datos del Pentágono que identifican empresas y organizaciones vinculadas al sector militar chino con operaciones o intereses en Estados Unidos.
El informe también documenta colaboraciones con instituciones chinas señaladas por Washington por su presunta implicación en ciberataques o en violaciones de derechos humanos. Para los legisladores, estos vínculos evidencian una falta de controles sistemáticos en la evaluación de riesgos de seguridad nacional asociados a la investigación científica.
El Departamento de Energía financia cada año cientos de millones de dólares en proyectos de alta tecnología, que abarcan desde la energía nuclear —incluida la gestión del arsenal atómico— hasta campos como la computación cuántica, la física avanzada y la ciencia de materiales. Además, supervisa una red de 17 laboratorios nacionales que han sido clave en el desarrollo histórico de tecnologías estratégicas estadounidenses.
El reporte se inscribe en un contexto de creciente presión política en Washington para limitar la cooperación científica con China. En los últimos años, varios comités del Congreso han advertido que asociaciones académicas aparentemente abiertas han facilitado el avance de capacidades tecnológicas chinas con potencial uso militar.
Un informe republicano publicado el año pasado ya había señalado que alianzas universitarias entre ambos países permitieron canalizar cientos de millones de dólares en financiación federal hacia investigaciones que fortalecieron sectores críticos para la defensa china. Otra pesquisa reveló que el Pentágono financió en un periodo reciente de dos años cientos de proyectos en colaboración con entidades chinas vinculadas a su industria de defensa.
El nuevo documento propone una serie de medidas para endurecer los controles. Entre ellas, plantea un enfoque estandarizado para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de aprobar financiación y la obligación de que el DOE comparta información sobre vínculos de investigación con China con otras agencias federales, con el fin de detectar patrones problemáticos.
“Estas fallas de política e inacción han dejado la investigación financiada por los contribuyentes vulnerable a la explotación por parte de la base industrial y de defensa de China”, concluyen los autores del informe. El Departamento de Energía no respondió de inmediato a las consultas sobre las recomendaciones.
La Embajada de China en Washington rechazó las conclusiones del informe y acusó al comité de actuar con fines políticos. En un comunicado, el portavoz Liu Pengyu afirmó que “un puñado de políticos estadounidenses está exagerando el concepto de seguridad nacional para obstaculizar los intercambios científicos normales”, una estrategia que, según dijo, “está condenada al fracaso”.
El presidente del comité selecto, el republicano John Moolenaar, sostuvo en un comunicado que la investigación revela “un problema profundamente alarmante” y acusó al Departamento de Energía de haber puesto a los contribuyentes estadounidenses a financiar indirectamente el ascenso militar de su principal adversario estratégico.
Moolenaar impulsó este año un proyecto de ley para impedir que fondos federales en ciencia, tecnología y defensa se destinen a colaboraciones con entidades controladas por “adversarios extranjeros”. Aunque la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, no prosperó en la negociación final de la ley anual de defensa.
La propuesta generó una fuerte reacción en la comunidad académica. Más de 750 profesores y altos cargos universitarios advirtieron en una carta enviada en octubre al Congreso que Estados Unidos compite globalmente por talento científico y reclamaron medidas “cuidadosas y específicas” para gestionar riesgos sin sofocar la colaboración internacional. El debate, lejos de cerrarse, refleja la tensión entre la seguridad nacional y la apertura científica en una rivalidad tecnológica que seguirá marcando la relación entre Washington y Beijing.
