El gobierno iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre y afirmó un total de 3.117 muertos.
El presidente Masud Pezeshkian comunicó oficialmente ese balance y explicó que la diferencia de 131 se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional, que se incorporarán en una lista complementaria tras su verificación.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que nuevas informaciones y reclamaciones puedan ser examinadas y verificadas sin requisitos administrativos complicados.
El comunicado oficial responsabiliza de las muertes a “terroristas” presuntamente apoyados por Estados Unidos e Israel, una línea que busca atribuir la violencia a actores externos sin detallar evidencias concretas.
Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos discrepan con las cifras oficiales: la ONU y ONG advierten que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas.
La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló que informes de médicos dentro del país apuntan a cifras muy superiores, mientras que la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, afirmó que los fallecidos y heridos serían “miles”, aunque reconoció la dificultad de verificación por las restricciones sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo disparos con rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes. También han señalado morgues saturadas, contenedores refrigerados para cadáveres y entierros rápidos sin identificación.
El apagón casi total de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, descrito por NetBlocks como el bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, ha dificultado la verificación independiente y la difusión de imágenes, lo que, según ONG, ha aumentado la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente por la crisis económica: la inflación llegó al 42,2% en diciembre, los precios de los alimentos subieron un 72% y el rial se depreció hasta aproximadamente 145.000 tomanes por dólar.
Lo que empezaron como huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio político; son las protestas más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.
La represión se intensificó los días 8 y 9 de enero, cuando, según informes, Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Informes periodísticos y verificados por The New York Times muestran videos de agentes disparando contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en varios barrios de Teherán. En Fardis, testigos denunciaron que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión ha causado la muerte de miles de personas, incluidos niños, y numerosos heridos, y pide medidas contra los abusos.
La resolución, respaldada por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a Irán a cesar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos, y prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
