El Gobierno dispuso la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan —diez de ellos delegados gremiales— que participaron en la toma de las oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto por descuentos salariales. La medida se tomó al concluir los sumarios administrativos y fue comunicada oficialmente por la institución.
Fuentes oficiales señalaron que el conflicto comenzó cuando las autoridades informaron que no se pagarían los días no trabajados por paros. Ese mismo día, delegados de organizaciones gremiales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica e interrumpieron su funcionamiento.
Según la reconstrucción administrativa del hospital, la toma implicó la ocupación de un sector central de la conducción médica, la suspensión de tareas administrativas, la permanencia forzada del personal presente, episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las indicaciones del personal de seguridad para desalojar las oficinas.
El Garrahan abrió 44 sumarios administrativos para establecer responsabilidades individuales. La investigación, que se extendió durante varios meses, recopiló testimonios, registros internos y material audiovisual.
El Consejo de Administración aplicó sanciones diferenciadas: en la mayoría de los casos se impusieron sanciones menores, proporcionales a las conductas evaluadas; en once casos se decidió la cesantía al considerar acreditado que esas personas no solo participaron sino que organizaron y dirigieron la ocupación.
La lista de trabajadores afectados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin representación sindical. Entre los delegados hay dirigentes de ATE y APyT, organizaciones con presencia en el hospital.
Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección legal que impide la ejecución inmediata de sanciones de este tipo sin autorización judicial. En esos casos, la desvinculación quedará supeditada a una resolución judicial sobre el levantamiento de la tutela.
La única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada en forma inmediata una vez concluido el proceso administrativo, indicaron fuentes del hospital.
El Hospital Garrahan difundió un comunicado con los fundamentos de la decisión, en el que sostuvo que la toma de la Dirección Médica “no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina”, sino que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes.
“El hospital inició 44 sumarios tras la toma y, luego de meses de investigación, se concluyó que 11 personas serán cesanteadas no solo por haber participado, sino por haber dirigido la ocupación”, señaló el comunicado, que calificó los hechos como de “gravedad sin precedentes” en el ámbito del hospital.
En relación con los delegados gremiales, el texto oficial indicó que la institución aguardará la intervención judicial para ejecutar las cesantías en los casos con tutela sindical.
El episodio del 31 de octubre se inscribe en un conflicto gremial más amplio, vinculado a reclamos salariales y laborales. Fuentes sindicales señalaron que la toma fue una respuesta a los descuentos aplicados por los días de paro y a la falta de respuestas a los reclamos de los trabajadores.
La ocupación fue difundida por organizaciones gremiales y por medios especializados en información sindical, que describieron la medida como una exigencia de restitución de los salarios descontados. Desde el hospital y el Gobierno, en cambio, se enfatizó el impacto de la acción en el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad.
El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, por lo que el conflicto adquirió relevancia política y mediática y fue seguido de cerca por las autoridades nacionales.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión de avanzar con las cesantías se tomó tras finalizar los procedimientos administrativos y evaluar las pruebas reunidas durante la investigación interna. La aplicación de sanciones diferenciadas respondió a la necesidad de individualizar responsabilidades y graduar las medidas según la participación de cada trabajador.
En el ámbito gremial, las organizaciones involucradas adelantaron que recurrirán a la vía judicial para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y anunciaron que continuarán con acciones gremiales en defensa de los sancionados.
Por ahora, el conflicto permanece abierto a la espera de la intervención de la Justicia laboral, que deberá decidir sobre el levantamiento de la tutela gremial para que las cesantías puedan ejecutarse en los diez casos restantes. Mientras tanto, el hospital mantiene su funcionamiento habitual y las autoridades aseguraron que la atención a los pacientes no se vio afectada tras la finalización del episodio.
La resolución del Consejo de Administración del Garrahan se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores gremiales del sector público, donde la ocupación de dependencias estatales y las medidas de fuerza en servicios esenciales son objeto de debate. El desenlace judicial será determinante para definir el alcance de las sanciones y el impacto del conflicto en el hospital.
