Suiza celebrará el 14 de junio una votación que podría cambiar su política migratoria y su relación con Europa: se someterá a referéndum una propuesta para fijar un tope legal de población en 10 millones de habitantes.
La iniciativa, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), el mayor partido nacional, pretende frenar el crecimiento demográfico que, según sus promotores, provoca presión sobre servicios públicos e infraestructuras.
El referéndum: una votación decisiva para el futuro suizo
La propuesta exige que el Gobierno actúe antes de que la población, actualmente en torno a 9,1 millones, alcance los 10 millones. Si la medida se aprueba, las autoridades tendrían que negar la entrada a nuevas personas, incluidos solicitantes de asilo y familiares de residentes extranjeros, una vez que el censo llegue a 9,5 millones.
El referéndum se convoca en el marco del sistema de democracia directa suizo, que permite llevar propuestas a votación si se recaban al menos 100.000 firmas de electores en un plazo de 18 meses.
El SVP sostiene que el país enfrenta una “explosión demográfica” que incrementa los alquileres, sobrecarga hospitales y escuelas y afecta la calidad de vida. En su cuenta oficial en X, el partido publicó una imagen generada por inteligencia artificial acompañada de un mensaje que denuncia que una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva mientras la mayoría sufre.
Un debate que divide a la sociedad y desafía la relación con la Unión Europea
La iniciativa ha provocado división social y tensiones en el Gobierno. El Consejo Federal, órgano ejecutivo de siete miembros, rechazó la propuesta por mayoría, dejando al SVP como el único partido del gabinete que la apoya abiertamente.
Encuestas como la realizada por la firma suiza Leewas el año pasado indican que la medida cuenta con un respaldo popular significativo, lo que añade incertidumbre sobre el resultado. El debate gira en torno a si el límite propuesto es una respuesta legítima a los problemas del país o una medida desproporcionada que podría afectar derechos fundamentales y acuerdos internacionales.
Si se aprueba, la iniciativa tendría efectos inmediatos y amplios: al alcanzar los 10 millones de habitantes, el Gobierno estaría obligado a rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, su principal socio comercial. Aunque Suiza no forma parte de la UE, mantiene más de 120 acuerdos bilaterales que conectan su economía y la movilidad de personas con el mercado único.
Inmigración bajo la lupa
La preocupación por la inmigración no es exclusiva de Suiza, pero en los últimos años el país ha experimentado un aumento de llegadas en consonancia con tendencias europeas relacionadas con crisis migratorias y cambios demográficos. El SVP argumenta que ese flujo sobrecarga infraestructuras y eleva los alquileres, presentando el referéndum como una medida para proteger el bienestar de la población local.
Sus críticos advierten que limitar la población podría perjudicar sectores clave como la salud, la educación y la economía, que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, y que la ruptura de la libre circulación con la UE podría aislar a Suiza y reducir su competitividad.
El referéndum atrae atención internacional por su posible efecto de precedente en Europa, donde crecen los partidos nacionalistas y se endurecen políticas migratorias. La campaña del SVP se ha intensificado en las semanas previas a la votación, apelando al sentimiento de protección nacional y a valores tradicionales, mientras su mensaje público subraya la tesis de que “una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva”.
