El organismo fiscal acusa a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino de no depositar impuestos millonarios entre 2024 y 2025. También acusan a Toviggino.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) solicitó a la Justicia la declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) son investigadas por la presunta apropiación indebida de fondos tributarios.
El reclamo judicial apunta a la retención de más de $ 19.353 millones correspondientes a obligaciones impositivas y aportes de seguridad social. Según la denuncia, la entidad actuó como agente de retención, descontó ese dinero a sus contribuyentes, pero nunca lo transfirió al fisco.
La investigación penal, radicada en el fuero en lo Penal Económico, abarca un total de 69 hechos independientes. Estas irregularidades denunciadas se habrían registrado de manera ininterrumpida entre los meses de marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Detalle de la deuda y capacidad de pago
El expediente detalla que la AFA no ingresó al Estado $ 663 millones en retenciones de IVA y cerca de $ 10.000 millones correspondientes al Impuesto a las Ganancias.
A esta cifra se le suman más de $ 8.675 millones en concepto de contribuciones a la seguridad social.
Pablo Toviggino, derecha, junto a Claudio Tapia.
Arca sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para avanzar con las citaciones de la conducción del fútbol argentino, informó Infobae.
El organismo conducido por Andrés Vázquez descartó, además, que la entidad deportiva tuviera algún tipo de imposibilidad material para afrontar estos pagos.
Durante el período investigado, la AFA registró “abultadas acreditaciones bancarias” y constituyó múltiples plazos fijos en pesos y en dólares. Según detalla la documentación judicial, solo en diciembre de 2024 la institución percibió ingresos por más de $45.000 millones.
Responsabilidades de los dirigentes
La querella argumenta que la omisión de los pagos se extendió durante 19 meses consecutivos. Por esta razón, el ente fiscal descarta un simple error administrativo y sostiene que la falta de ingreso del dinero fue una decisión corporativa deliberada de la cúpula.
El pedido de indagatoria también alcanza al actual secretario general, Cristian Malaspina, al extitular del cargo Víctor Blanco, y al director general Gustavo Lorenzo. Según testigos internos, la conducción plena aprobaba las decisiones financieras y rubricaba los balances anuales de la asociación.
El Régimen Penal Tributario establece penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que cometan este tipo de ilícitos económicos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que este delito se consuma al vencer el plazo legal de 30 días fijado para depositar el dinero.
El avance de la causa en la Justicia
El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 ya formuló el requerimiento de instrucción correspondiente. A través de este acto procesal, que se encuentra en una etapa preliminar, se impulsó formalmente la acción penal contra los directivos.
Ahora, el juzgado interviniente deberá evaluar las pruebas y resolver si hace lugar al requerimiento de las indagatorias solicitado por Arca. Esta instancia constituye el primer acto formal de defensa de los imputados en todo proceso penal.
La inminente resolución del juez a cargo definirá si el actual presidente del fútbol argentino y sus principales directivos deberán enfrentar un proceso penal tributario por primera vez en su gestión.
