Los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) cumplieron este miércoles su décima jornada consecutiva de protestas en La Paz contra el decreto 5503, que eliminó la subvención estatal a los combustibles tras más de veinte años de vigencia.
La marcha, compuesta principalmente por mineros y trabajadores fabriles, recorrió el centro de la ciudad con la consigna de la “abrogación” del decreto, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz reiteró su disposición al diálogo. En esta ocasión la movilización se desarrolló sin enfrentamientos con la policía, a diferencia de jornadas previas.
El decreto presidencial, promulgado el 17 de diciembre, fijó nuevos precios: gasolina especial a 6,96 bolivianos (1 dólar) por litro, gasolina premium a 11 bolivianos (1,58 dólares) por litro y diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares) por litro, lo que representa un aumento del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto a los precios subvencionados anteriormente.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, declaró que exigen la abrogación del decreto y la elaboración de una nueva normativa “con la participación de todos los sectores vivos del país” en lugar de decisiones unilaterales. Argollo afirmó que el Ejecutivo busca “desmovilizar y hacer cansar” a los trabajadores, que comenzaron las protestas días antes de la Navidad.
La invitación oficial al diálogo fue ratificada por René Flores, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, quien confirmó el llamado a iniciar una mesa de negociación el próximo lunes. La semana anterior se intentó un acercamiento, pero los dirigentes sindicales condicionaron cualquier negociación a la anulación previa del decreto 5503.
Andrés Paye, máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), sostuvo que la normativa pretende “distraer” a la población y, según su versión, facilitar la venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros.
La COB terminó la jornada con una reunión interna para definir su postura frente a la invitación gubernamental y mantuvo la huelga indefinida decretada hace diez días.
El Gobierno complementó la eliminación de la subvención con otras medidas económicas: elevó el salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), aumentó bonos para estudiantes del sistema público y la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social, y ofreció incentivos para inversiones privadas y extranjeras. Las autoridades consideraron que el decreto es “perfectible”, pero ratificaron que la supresión del subsidio se mantendrá. También informaron una caída de hasta el 50% en la demanda interna de diésel desde la entrada en vigor de la medida.
La COB, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, continúa siendo un actor central en la actual confrontación social.
(Con información de EFE)
